La Guardia Civil insiste en identificar al grupo de CDR detenidos como una «organización terrorista»



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Xavier Buigas, uno de los cdr detenidos, durante su declaración ante la Audiencia Nacional en 2019.
Xavier Buigas, uno de los cdr detenidos, durante su declaración ante la Audiencia Nacional en 2019.

Los investigadores de la Guardia Civil insisten en que el grupo de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), detenidos en septiembre de 2019 durante el Operación Judas Al formar un pequeño grupo llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), formaron una «organización criminal con un propósito terrorista». Así lo manifestaron los agentes de la institución armada en un nuevo informe remitido al juzgado de la Audiencia Nacional donde se investiga este caso. «[Los imputados], a través de su participación en diversas acciones promovidas [por los ERT], han mostrado un especial compromiso, radicalismo y predisposición al uso de medios violentos ”, subraya el documento, de 20 de mayo y al que tuvo acceso Alicantur.

En 103 páginas, la Guardia Civil detalla al juez las pruebas recabadas durante su investigación y finalmente presenta sus principales conclusiones. «Fue frustrado […] que tenía un único propósito, que no era otro que contribuir a la independencia del territorio de Cataluña ”, afirman los investigadores. Subrayan que el pequeño grupo recibió una «comisión» del «colectivo clandestino llamado CNI catalán»: el «día D» tuvieron que atacar, ocupar y «defender» el Parlamento, «para producir un efecto desestabilizador sobre los españoles Expresar». En este punto, los agentes afirman que no han podido establecer a qué fecha concreta se refiere ese «día D», pero destacan que «podría» coincidir con la publicación de la sentencia que condenó a los líderes políticos del tu elaboras. “Este es el momento en el que, al final y una vez neutralizada la red investigada, se produjeron disturbios violentos y graves en todo el territorio catalán”, se lee en el informe.

Según el instituto armado, además, se transmitió a los sospechosos «la necesidad de desarrollar sustancias incendiarias, explosivas y explosivas» para realizar acciones violentas. Los agentes incluyen entre sus objetivos el cuartel de la Guardia Civil, las infraestructuras o el centro logístico de la empresa Amazon, ubicado en Martorelles (Barcelona). También señalan que uno de los detenidos, Jordi Ros, realizó búsquedas en Internet de «personas vinculadas a partidos políticos antiindependencia y un agente de los Mossos». “Estos datos tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra esas personas o bienes”, dice el informe, que incluye sus nombres: Pablo Casado, presidente del PP; Manuel Valls, concejal electo de Barcelona en las últimas elecciones municipales; Marta Morell (Podem) y Marta Farrés (PSC), alcaldesa y alcaldesa de Sabadell, respectivamente; Joan López, exdiputado regional del PP; José Manuel Villegas, exsecretario general de Ciudadanía; y Francisco Aranda, parlamentario socialista en la Cámara Catalana.

El documento concluye que, de cara al Día D, se «demostró» que los detenidos compraron materias primas y compuestos procesados ​​para obtener «sustancias explosivas y / o incendiarias como el agente termitas, y sustancias explosivas como hexógeno, nitrato de amonio, tetralita, nitrocelulosa, cloratita, amonio, amosal o anfo «. Además, pusieron en marcha dos «laboratorios domésticos y clandestinos». En ellos, prosigue la Guardia Civil, «los sospechosos habían alcanzado un alto grado de eficacia en la obtención de termitas, de las que se encontraron diversas muestras preparadas para su uso, almacenadas en recipientes estancos en los que los distintos componentes, distribuidos según una determinada proporción, guardan su propiedades en condiciones adecuadas hasta su uso «.

Los investigadores también informan al juez de que la ERT ha puesto en marcha un proyecto para tejer «una red de comunicación segura en el entorno del Parlamento, de modo que se garantice la comunicación entre el interior y el exterior durante toda la duración de su empleo». “La organización gozó de un alto grado de cohesión favorecido por la anterior pertenencia común a los CDR, lo que permitió a todos sus miembros perseguir el mismo fin en sus acciones, así como compartir un sustrato ideológico relativamente homogéneo favorable a la obtención de la independencia catalana a través de activismo ”, prosigue el instituto armado.

La detención de los presuntos miembros de la ERT tuvo lugar el 23 de septiembre de 2019. La Guardia Civil detuvo a nueve personas, siete de las cuales ingresaron en prisión temporal, aunque posteriormente la Audiencia Nacional las puso en libertad. Además, la investigación se amplió posteriormente a otros cuatro acusados. El juez Manuel García-Castellón inició esta investigación por delitos de terrorismo, aunque la Sección Segunda de la Sala Penal llegó a cuestionar si los sospechosos formaban parte de dicho grupo. El tribunal vio «pruebas suficientes» de que los detenidos participaron en las operaciones sospechosas, pero dijo que no podía «emitir un juicio definitivo suficientemente fundado en la naturaleza o naturaleza no terrorista de los hechos». Sobre todo teniendo en cuenta que no existe una «organización previa» que haya sido declarada como tal «judicialmente». Valoración a la que respondió el juez de instrucción: «La ausencia de una organización terrorista previa así declarada judicialmente no impide que los actos realizados por los miembros de la organización sean considerados terrorismo».