La justicia de Madrid condena a la Comunidad por no proteger a los médicos en los centros de salud



La actualidad en Alicantur Noticias

Un operador del Centro de Salud Daroca protesta por la situación de la atención primaria.
Un operador del Centro de Salud Daroca protesta por la situación de la atención primaria.Jaime Villanueva / Alicantur

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado que la Comunidad de Madrid «vulneró los derechos de los médicos generalistas y pediatras, en materia de integridad física y salud, al no disponer de los medios y las medidas de protección en su lugar de trabajo totalmente equipados». «. Con sentencia de 23 de marzo, el Tribunal consideró en parte el caso interpuesto contra la Consejería de Salud de Madrid por el sindicato Atención Primaria Se Mueve, al que también se sumaron los sindicatos CC OO, UGT, Amyts, CSIT-Unión Profesional, AFEM y CSIF.

El Tribunal Superior de Madrid considera que la región que preside Isabel Díaz Ayuso ha incumplido «sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, la evaluación de la carga de trabajo de este colectivo y la evaluación de la labor de los médicos generales y pediatras, valorando su riesgos y determinación de la carga de trabajo «, y quienes no hicieron lo que deberían haber hecho en términos de» crear una plantilla en consecuencia y cubrir las vacantes existentes «.

Los magistrados condenan a la Comunidad de Madrid a elaborar «de forma inmediata un plan de prevención de riesgos laborales» para solucionar estos problemas. El plan, según decisión del TSJM, deberá establecer las cuotas, el número máximo de pacientes a atender por jornada laboral y el tiempo mínimo dedicado a cada uno. Contra la sentencia se interpuso recurso de apelación, que deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

La portavoz del sindicato Se Mueve, Concha Herranz, indicó que las condiciones laborales tienen un impacto en la atención al paciente. La demanda se presentó el 3 de diciembre de 2020, pero la decisión de desestimarla se tomó en febrero, justo antes de la crisis sanitaria. «Sin la pandemia estaríamos en los tribunales y los tribunales habrían fallado de todos modos», dijo el vocero. La Justicia, asegura, le ha dado «una bofetada» a la consultoría que lidera Enrique Ruiz Escudero sobre la prevención de riesgos laborales sobre cómo proteger a sus trabajadores.

El ejecutivo que encabeza Isabel Díaz Ayuso está por debajo de la media española de gasto público en salud, es la comunidad con menor porcentaje del PIB invertido, 3,6%; es la segunda detrás de Andalucía (1.212 euros) que menos gasta por habitante, 1.274 euros; y la tercera autonomía que invierte menos en la retribución de sus profesionales.