La onda expansiva de la resolución judicial de apoyo al cartel de Vox sobre menores migrantes no acompañados



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El auto de la Audiencia Provincial de Madrid, el pasado lunes, con el que desestimó el recurso de la Fiscalía contra el cartel utilizado por Vox en la campaña electoral en Madrid que señalaba a los menores migrantes no acompañados como fuente de gasto público exagerado, ha suscitado el indignación de diversas asociaciones que trabajan con estos niños y adolescentes. El tribunal sostiene en sus memorias que estos jóvenes «representan un evidente problema social y político». Una frase que, según las ONG de Andalucía, Madrid y Cataluña, dificulta y empeora la integración de los menores, confunde a los ciudadanos y transmite el mensaje de que son una amenaza. Un respaldo judicial a este tipo de propaganda política, advierten, genera una desconfianza que en algunos casos puede llevar a que las empresas sean más reticentes a contratar menores o los propietarios de un piso para ofrecerles un alquiler. En España hay unos 9.000 menores extranjeros protegidos por las administraciones.

Michel Bustillo, delegado de Voluntariado por otro mundo en Cádiz y responsable del programa de jóvenes migrantes en el antiguo barrio, acompaña a estos jóvenes desde hace 14 años. «Lo que dice un magistrado es para muchos una palabra muy poderosa y poderosa», dijo en una conversación telefónica. Y recordemos que el manifiesto del ultra partido en la estación madrileña de Sol provocó una ola expansiva que llegó a la provincia de Cádiz, donde se organizó una recogida de firmas en un barrio para que el albergue no continuara allí. “Están cabreados porque están atravesando una situación económica precaria, el paro, y se quedan con lo que piden estos chavales de 4.700 euros”, explica. Al final, la iniciativa no se concretó porque la asociación logró convencer a los vecinos de que los menores no eran los responsables de esta situación.

El delegado de Voluntarios por otro mundo denuncia también la precariedad del sistema nacional y regional que debe proteger a estos jóvenes en su proceso de integración. “Si los dejamos abandonados en la calle, si no los atendemos como deberíamos, si no les damos la documentación, se generan focos de marginación y exclusión que alimentan estas incitaciones al odio”, dice. Por ello Bustillo considera fundamental la reforma a la normativa de la Ley de Extranjería en la que trabaja el Gobierno: un cambio normativo que tiene como objetivo agilizar los trámites para miles de jóvenes extranjeros no acompañados y eliminar aquellos trabas burocráticas que les dificultan la obtener permisos de residencia y trabajo y ser condenados a la marginación e irregularidad una vez que cumplan los 18 años.

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Marta Sánchez Briñas, abogada de Pueblos Unidos, centro social jesuita que acompaña a migrantes, está de acuerdo con Bustillo. «Hasta que se modifiquen las regulaciones y se adopten medidas más flexibles para estos jóvenes, el problema seguirá creciendo», dice. El abogado considera el cartel de Vox un acto de xenofobia y se opone a la decisión del tribunal de Madrid. Sánchez Briñas, quien coordina un piso para jóvenes protegidos en Madrid, sostiene que el mensaje del cartel electoral es una forma de discriminación que existe desde hace mucho tiempo. “Los menores nos dicen que van por la calle y los miran mal, que se sientan en el metro y la gente se levanta”, dice. Para ella, el hecho de que el juzgado «remueva el asunto» afectará su día a día en la búsqueda de oportunidades laborales para estos jóvenes: «La gente piensa que es un problema social y político porque cree que viene a tomar nos quitan el trabajo y el dinero con los gastos que tienen ”, se queja.

Albert Parés Casanova es presidente de la Asociación Noves Vies de Barcelona, ​​que brinda asesoramiento legal a menores extranjeros no acompañados. Este abogado social cree que la orden judicial de Madrid da «carta blanca» a «todo lo que se pueda decir contra este grupo». El riesgo, según Parés, es que se cree una conciencia social negativa hacia estos menores que afecte el trabajo diario de las asociaciones. “Si tiene que montar un apartamento para alojar a menores no acompañados, los vecinos pueden crear muchos problemas. Y las empresas pueden mostrarse más reticentes a la hora de contratarlas u ofrecerles trabajo ”, advierte.

En el mismo sentido, Pilar Núñez, vicepresidenta de la Federación de Instituciones de Atención a la Niñez y Adolescencia (Fedaia), explica que la desconfianza y el miedo se convierten en obstáculos en los procesos de integración. “Cuando quieren alquilar un apartamento, los dueños se muestran cautelosos o las comunidades de vecinos vienen a dudar de ellos”, dice.

Núñez cree que la valoración realizada por los jueces de la audiencia de Madrid «hiere y perjudica» el trabajo de las ONG. «Este es un automóvil confuso, porque pone la libertad de expresión como un derecho que prima sobre los derechos de otros niños», dice. Con el fin de Fedaia, plataforma que agrupa a más de 100 asociaciones en Cataluña, la propaganda del partido de extrema derecha criminaliza a esta población vulnerable: «Se dirige a una parte de la ciudadanía que no está adecuadamente informada y despierta en ella aversión, miedos y desinformación». concluye.

Cartel electoral de VOX en el metro de Madrid.
Cartel electoral de VOX en el metro de Madrid. andrea coma