La ONU reprocha a España no haber reclutado a un niño de ocho años de Melilla



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El Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió el lunes una resolución en la que condena las acciones de España por mantener a un niño nacido en Melilla con pasaporte marroquí fuera de la escuela durante casi dos años de escuela. El Comité decidió que España violó el derecho a la educación de este niño de ocho años «al no admitirlo inmediatamente en la escuela pública después de la confirmación de su residencia en territorio español». La resolución es la primera que va al fondo de un problema crónico de la ciudad autónoma y que mantiene en una trampa burocrática a decenas de niños que no pueden ir a la escuela por las dificultades que tienen para demostrar que viven en la ciudad o por su situación irregular.

El menor cuyo caso estudiado por la ONU cumple con las siglas AEA nació en Melilla en 2013 y vive allí desde entonces, aunque ni él ni su familia tienen permiso de residencia. La ley nacional reconoce el derecho a la educación de todos los niños, independientemente de su estado administrativo, por lo que su madre comenzó la odisea para inscribirlo cuando tenía seis años. Inmediatamente se topó con el muro burocrático de las autoridades de Melilla que, en la práctica, exigen a los extranjeros tener los documentos para registrarse. Sin documentos no hay registro y sin registro no hay escuela. La familia presentó otros documentos como la solicitud de la tarjeta sanitaria, el certificado de nacimiento del menor y un contrato de suministro de gas, que no fueron aceptados como prueba. A pesar de varios procedimientos legales, las autoridades administrativas y judiciales locales se negaron a permitir que el niño asistiera a la escuela.

La madre luego denunció el caso al Comité en marzo de 2020 y ocho meses después, la policía confirmó que el niño y su familia vivían en Melilla, pero las autoridades locales continuaron pidiendo confirmación de su «estatus de residencia legal» y negándoles la escuela. Solo en marzo el Ministerio de Educación ordenó que se le permitiera matricularse en una escuela pública. La resolución afecta la demora de la Administración tanto en descartar una posible estafa como en educar al niño una vez que se comprueba que realmente vivió donde dijo. «La educación tardía no ha reparado por completo las posibles violaciones de sus derechos», replicó el Comité.

El caso destaca las barreras que enfrentan decenas de familias, primero para demostrar que viven en Melilla y luego para que sus hijos vayan a la escuela. Desde hace más de dos años, el Defensor del Pueblo denuncia los obstáculos que se imponen a las familias de origen marroquí -y especialmente a las que se encuentran en situación irregular- para completar este proceso. En algunos casos los padres no tienen permiso de residencia y, en otros, aunque residan legalmente, no pueden registrarse. El problema también se ha agravado desde que Marruecos decidió cerrar la frontera en marzo del año pasado para frenar el avance de la pandemia. Aunque las autoridades estiman que cerca de 500 han dejado de ir a la escuela probablemente por estar atrapados en Marruecos, donde realmente vivían, esto también ha dejado a cientos de familias marroquíes con niños en el lado español de la valla, en una situación irregular y desigual. A colegio.

Los requisitos para acreditar la residencia están justificados en el régimen sin visado de Ceuta y Melilla, que permite a los residentes de Tetuán y Nador, respectivamente, entrar y salir de las dos ciudades autónomas sin visado. Pero las barreras de acceso a la educación se imponen sobre todo en Melilla, donde el Comité estima que todavía hay 150 niños sin escolarizar. La ciudad, con recursos limitados y la proporción de estudiantes por clase más alta del país, quiere evitar que los residentes de las ciudades vecinas accedan a diferentes servicios, incluida la salud o la educación. La Plataforma de Infancia pidió el martes 8 de junio, frente a las puertas del Ministerio de Educación -que tiene competencia educativa en las dos ciudades autónomas- que se revisen los casos de estos 150 menores. El Comité ya ha mediado en varias ocasiones y ha pedido Educación para escolarizar a 14 niños a los que se les había negado una plaza. Una nota del ministerio informa que ocho de estos menores ya se han inscrito luego de haber verificado su residencia.

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Segundo último informe del Defensor del Pueblo, la Dirección Provincial de Educación de Melilla transmite en las respuestas a las numerosas denuncias «una sospecha generalizada e indocumentada» de que las víctimas son familias marroquíes que no residen en la ciudad y que pretenden educar a sus hijos en el fraude a la ley. El defensor, en cambio, no está de acuerdo. “Esta sospecha no está respaldada en modo alguno por los datos que han llegado a nuestra atención y se debe enfatizar la necesidad de proceder con la escolarización inmediata de estos menores”, concluye en su informe.

Almudena Escorial, responsable de la incidencia política de Plataforma de Infancia, acoge con satisfacción la decisión y la considera «muy importante». Sin embargo, apunta que estarán atentos: «Este martes el Ministerio de Educación debe publicar las listas definitivas de menores admitidos, veremos si hay menores excluidos». «Las fronteras están cerradas, no es posible que en este momento no resida allí un niño que está en Melilla», subraya. Escorial insiste en que «el único requisito» que se debe pedir a los menores es «que acredite su residencia efectiva, y hay ocasiones en las que se exige el registro de todos los miembros de la familia, por ejemplo».

En el caso de la AEMA, el Comité concluyó que España había violado los derechos del niño al no tomar las medidas oportunas para verificar su residencia y al no admitirlo en el sistema educativo inmediatamente después de que fuera confirmado por la visita de la policía que De hecho vivía en Melilla. También se alega que la madre manifestó que «fue víctima de discriminación por su origen nacional y situación administrativa». La resolución insta al estado a compensar al niño y tomar medidas para actualizarlo en el aula.

Con información de María Sosa.

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