La transición energética y sus costes



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Torres de alta tensión en la ciudad de Pulas de El Berrón, en Asturias.
Torres de alta tensión en la ciudad de Pulas de El Berrón, en Asturias.ELOY ALONSO / EFE

El verano ha ido bien para la economía española, gracias al fuerte atractivo del turismo y la fortaleza del mercado laboral. Tanto la ocupación hotelera como los viajes apuntan a una temporada que se acerca al 70% del máximo histórico de 2019, lo que refuta algunas de las sombrías predicciones derivadas de la expansión de la variante delta. Por otro lado, la adhesión a la Seguridad Social está en constante crecimiento, impulsando la recuperación del consumo de los hogares. Algo similar ocurre en los países vecinos, de ahí la mejora en Europa y al mismo tiempo la de nuestras ventas en el exterior. Todo ello augura un tercer trimestre animado, con un crecimiento del PIB sin duda superior al 3%.

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La desventaja es mantener la senda ascendente de los costos industriales. La escalada, en su aspecto no energético, es esencialmente transitoria: los productores de metales, envases y suministros tecnológicos como chips explotan cuellos de botella para expandir la capacidad de producción, por lo que se vislumbra una moderación de sus tarifas a partir de la primavera.

Sin embargo, la subida de los precios del gas y especialmente de la electricidad parece ser más persistente, dada la inercia del suministro. Por lo tanto, podríamos enfrentar el riesgo de un choque de oferta prematuro, que en ausencia de reformas sería particularmente malo para nuestra economía.

El factor principal es global: abordar el cambio climático es una prioridad, pero requiere incorporar el costo de las emisiones de carbono. El resultado es un aumento del coste de producción intensiva de combustibles fósiles y en particular de electricidad, que ya es muy visible en el mercado. Este ciclo continuará durante unos años, hasta que el suministro que proviene de fuentes no contaminantes ocupe la tierra de los fósiles. Esta tendencia generalizada se superpone a un mercado eléctrico español, que tiende a amplificar las fluctuaciones en el coste de las energías más contaminantes. Ésta es una consecuencia casi matemática del sistema marginalista tal como fue concebido.

El corolario es el deterioro del poder adquisitivo de empresas y particulares, ensombrecido actualmente por la reanudación del retraso en el gasto durante la crisis. Las empresas que enfrentan una dura competencia no pueden permitirse ajustar sus precios y, por lo tanto, los márgenes se reducen. Los trabajadores, por su parte, no pueden exigir la recuperación de sus ingresos reales. Si las empresas y los hogares lograran compensar el aumento de los costos externos, se generaría un ciclo inflacionario que sin duda presionaría las tasas de interés.

Otro riesgo, quizás mayor, es la pérdida de competitividad de los sectores más expuestos a choque enérgico. El sistema de producción español es relativamente dependiente de los combustibles fósiles y por tanto será uno de los más penalizados por la subida del precio del CO2, amplificada por un diseño defectuoso de nuestro mercado eléctrico.

El compromiso del Plan de Recuperación para la transición energética es, por tanto, acertado. Para que esto sea una realidad, una premisa es que las empresas que sobrevivieron a la crisis pandémica sufran el impacto de la choque, por lo que es urgente reformar el sistema de tarificación de la electricidad. Además, es fundamental que las inversiones financiadas con fondos europeos sean rentables tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. Esto no se logra con simples subsidios a proyectos de energía renovable, sino con una estrategia que incluye un camino gradual y predecible de ajustes tributarios, inversiones en infraestructura y una evaluación permanente de la relación costo-beneficio de las distintas iniciativas.

Cambiar el modelo energético es fundamental para alcanzar los objetivos medioambientales. Pero conviene reconocer los costes de transición para el aparato productivo español y abordarlos con reformas, medidas que minimicen el impacto en los sectores más vulnerables e incentivos bien diseñados.

Raymond Torres Es el director de asuntos de Funcas. En Twitter: @RaymondTorres_