Las borrosas líneas rojas del Supremo para la pandemia



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Una calle de Pamplona en la madrugada del pasado sábado.
Una calle de Pamplona en la madrugada del pasado sábado.Villar López / EFE

Pocos días después de que finalizara el segundo estado de alarma, el 9 de mayo, el Gobierno otorgó al Tribunal Supremo un papel que no tenía: tomar la decisión final sobre cuándo está justificado que una comunidad autónoma limite los derechos fundamentales para luchar. El virus. El objetivo era que la Sala de lo Contencioso Administrativo creara, en pocas semanas, una jurisprudencia que evite el caos legal que se produjo el verano pasado, cuando los tribunales regionales dieron soluciones discrepantes a propuestas similares.

Dos meses y medio después, las cinco sentencias dictadas por la Corte Suprema -junto con otras tres ordenanzas o resoluciones sobre aspectos menores- revelan la dificultad de establecer un criterio único como lo exigen las comunidades y lo que quiere el Gobierno, pero están marcando un camino para afrontar la quinta ola.

Las primeras medidas propuestas por las comunidades se referían, en la práctica, a la prolongación del estado de alarma con toques de queda y confinamientos perimetrales generalizados. Pero la primera respuesta de la Corte Suprema ya fue una advertencia: con las leyes de salud se pueden limitar los derechos fundamentales, pero solo cuando se justifica que sea «indispensable» y limitado en el espacio y el tiempo. Esto ha llevado a los gestores autonómicos a ajustar sus medidas y limitar las más restrictivas a los municipios con mayor riesgo de contagio.

Ahora, la mayoría de los tribunales regionales respaldan los casos con el apoyo de los fiscales, lo que reduce el número de apelados ante la Corte Suprema. Entre los que llegan, el tribunal es muy estricto al determinar si la restricción es proporcional en función de la incidencia, el entorno o la presión del hospital. Con estos parámetros rechazó los dos toques de queda que examinó y los límites a las reuniones en los domicilios, pero aceptó los controles de acceso o el cierre perimetral de determinados municipios.

Estos son los criterios establecidos por el Tribunal Superior:

Cierres perimetrales. Esta medida limita la libertad de circulación, pero, según la Corte Suprema, es menos restrictiva que otras que afectan al mismo derecho, como los toques de queda. «No es lo mismo prohibir los viajes entre dos lugares concretos que obligar a todos a quedarse en casa a determinadas horas: esto último te impide viajar a cualquier parte», advirtió en la sentencia en la que rechazó el encierro nocturno en Baleares. Islas, pero aprobó el control de acceso a las islas. El juzgado elaboró ​​esta tesis al autorizar el confinamiento de Peal del Becerro (Jaén) porque la medida no impedía «ni la circulación dentro del municipio ni el tránsito por él ni el desplazamiento por causas justificadas».

Las decisiones de la Corte Suprema sobre cierres perimetrales demuestran la importancia de los datos que ofrece la comunidad. Los magistrados avalaron el control de acceso a Baleares, pero lo rechazaron en Canarias porque la medida no estaba suficientemente motivada. Una situación similar la vivió la Junta de Andalucía, que tras el estado de alarma vio cómo el Tribunal Superior anulaba el cierre de Montefrío (Granada) por no ofrecer datos suficientes sobre la incidencia del virus. Semanas después, pidió cerrar Piel de ternera y proporcionó datos completos sobre incidencia, presión hospitalaria, vacunaciones e incluso el número de pacientes asintomáticos, lo que sirvió para convencer a la sala.

Toque de queda. El Tribunal Supremo examinó dos de ellos, Baleares para toda la comunidad y Canarias para varios municipios de Tenerife, y rechazó a ambos. En el primer caso, aclaró que si bien la ley permite la restricción de derechos fundamentales por motivos de salud, ésta no autoriza la imposición de restricciones «tan intensas y extensas» como el confinamiento nocturno para toda una comunidad, salvo que se demuestre que lo son «. indispensable «, que el gobierno de Francina Armengol no ha logrado.

En el caso de Canarias, el rechazo del Tribunal Supremo se produjo después de que los tribunales superiores de Cataluña, Valencia y Cantabria aprobaran el toque de queda en las zonas con mayor incidencia y la Fiscalía no apeló, por lo que las medidas están vigentes en esas tres autonomías. Ante las denuncias de Canarias por esta «contradicción», el juzgado sostiene que quienes tienen encierro nocturno activo lo justificaron con el número de infectados y la situación del sistema sanitario, que era «deficiente» en el caso de Canarias. Islas.

Reuniones en domicilios. Aunque pasó más desapercibido que otras medidas, el Tribunal Supremo lo considera restrictivo, o más, que el toque de queda. Así se manifestó en la sentencia en la que anuló la solicitud de las Illes Balears de limitar las reuniones bajo techo a seis personas. Los jueces advierten que esta medida vulnera dos derechos fundamentales: el de la intimidad familiar y el de reunión.

Ley de pandemias. La Corte no tiene dudas de que la ley de 1986 sobre medidas especiales en salud pública brinda cobertura a los gobiernos regionales para limitar los derechos fundamentales, pero advierte que el artículo 3 de la ley – que permite a las comunidades tomar «las medidas que se consideren necesarias» para el control de las enfermedades transmisibles – es «innegablemente conciso y genérico». «Por supuesto, no estaba destinado a una calamidad de la magnitud de la pandemia del covid-19, sino a brotes infecciosos aislados que ocurren con regularidad», subrayó el tribunal, que lamentó en sus resoluciones la falta de una legislación más clara.

“Las dificultades legales serían mucho menores, tanto para la administración de salud como para las cámaras contencioso-administrativas, si existiera una regulación suficientemente articulada de las condiciones y límites en los que los derechos fundamentales pueden ser limitados o limitados en caso de emergencias y desastres. como el actual «, dijo el Tribunal Superior.

El PP propuso una reforma a la ley de 1986, pero su texto se centra más en asegurar que las comunidades puedan implementar las medidas más generalizadas durante la pandemia («controlar o limitar la entrada y salida de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar los movimientos dentro de esa zona «) y regular» las condiciones y límites «en los que dichos derechos pueden ser limitados, según lo requiera la Corte Suprema.