Las comunidades tendrán que devolver el dinero de la ayuda directa si no lo gastan antes del 31 de diciembre



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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, este viernes tras el Consejo de Ministros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, este viernes tras el Consejo de Ministros.Dani Duch / GTRES

Tras los problemas sufridos para pagar ERTE y las dificultades que existen para repartir una renta mínima, la Administración debe afrontar otro enorme reto: cómo pagar rápidamente los 7.000 millones de ayudas directas a empresas y autónomos que el Gobierno aprobó el viernes y que las comunidades deben gestionar. Con un obstáculo más: tienen que gastarlo todo este año. Así lo afirmaba el real decreto publicado este sábado en el BOE. Si las administraciones autonómicas no consiguen entregar las ayudas antes, «el saldo no ejecutado o comprometido a 31 de diciembre de 2021 deberá ser devuelto al Ministerio de Hacienda», reza el texto legislativo. Las comunidades tendrán que darse prisa a pesar de las enormes dificultades que encontrarán para hacer operativo este sistema de pago.

En la rueda de prensa del viernes posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijeron que con estas medidas se anticipaban a los problemas del sobreendeudamiento empresarial. Y ambos confiaban en que esta ayuda llegará pronto.

Sin embargo, fuentes consultadas por diferentes comunidades expresan su preocupación. El dinero se transferirá a las comunidades autónomas en un mes y diez días para dar tiempo a la firma de los convenios y a la Agencia Tributaria a montar la plataforma con la que certificará los descuentos utilizando los datos del IVA. En otras palabras, se espera que el sistema comience a funcionar a principios de mayo.

El problema es que en los nueve meses restantes del año las comunidades primero deben aprobar los trámites y si establecen diferentes montos de ayuda. Posteriormente, deberán orquestar las instalaciones y el personal necesario para realizar esa tarea sin poder contratar debido a las limitaciones en la reposición de personal. Los posibles beneficiarios deberán presentar la solicitud y la documentación que justifique la ayuda. Y, finalmente, debe otorgarse previa verificación con Hacienda. Es decir, el dinero puede alcanzar la autonomía en unos cuarenta días, pero tardará más en llegar a las empresas.

Quejas de la comunidad

Incluso en ese punto, muchas empresas podrían quedar fuera por criterios muy restrictivos: podrían quedarse sin ayuda por tener una caída en la facturación inferior al 30%, por no tener un resultado neto positivo en 2019, o por no estar al día. con sus pagos con Hacienda y Seguridad Social. Cuando una empresa tiene problemas con caídas de ventas superiores al 30%, primero se retrasan las facturas a los proveedores y el siguiente paso es dejar de pagar sus deudas con el estado. Aunque este último problema se puede salvar con referencias, explique las fuentes de la Administración.

“El gobierno ha vuelto a dejar a las comunidades como una papa caliente. Transfieren una inmensa cantidad de gestión sin ninguna consulta y sin cambiar la ley de subsidios, que incorpora muchas obligaciones. Entre estos, la verificación del cumplimiento del objeto de la ayuda ”, denuncia un alto funcionario de autonomía. Y este inmenso desafío se mezcla con la gestión de los fondos europeos y las elecciones en Madrid, que tienden a ralentizar cualquier proceso.

La aprobación de la ayuda, de hecho, se retrasó debido a este debate: algunos ministros querían que la Agencia Tributaria se hiciera cargo y se ocupara plenamente de la ayuda directa. Exigieron que este organismo se responsabilice de sí mismo, justo cuando la SEPE o la Seguridad Social han estado al límite de sus capacidades. Sin embargo, Hacienda defendió con uñas y dientes que no era el momento de saturar la Hacienda en plena campaña de rentas. Y ese punto de vista prevaleció.

Esto significa que es probable que las subvenciones deban otorgarse sin haberlo verificado. También deberá certificarse que la empresa aún está activa el 30 de junio de 2022 y, de no ser así, recuperar el dinero. A partir de ahí, las comunidades tendrán muy poco tiempo para revisar millones de facturas. Ya en el primer trimestre de 2022, las autonomías deberán informar enviando toda la documentación. Si no se aprueba el examen, Hacienda puede solicitar el dinero.

Más deuda pública

El plan de ayudas se financiará con deuda pública. Y no deja de lado la batalla de la historia: las comunidades no podrán apropiarse de los méritos de los fondos ya que, como establece el decreto, deberán mencionar «en todas las acciones y apoyos que utilicen» el origen de los fondos que los financian, es decir, deben enfatizar que el dinero proviene del gobierno español.

De estas ayudas directas dependen 95 empresas que van desde los 3.000 € hasta los 200.000 €, que engloban un amplio abanico de profesiones y negocios, desde heladeros, panaderías y taxistas hasta casas de apuestas, campings o gimnasios.

El decreto define el rango de acción: deben aplicarlos para reducir la deuda, pagar a los proveedores y cubrir los costos fijos. E indica el orden a seguir: primero pagar a los proveedores por orden de antigüedad y luego el monto nominal de cualquier deuda bancaria, dando siempre prioridad a las deudas que estén garantizadas por el Estado.

En autónomos que no pagan en módulos y en pymes de hasta diez trabajadores, la ayuda máxima será del 40% de todo lo que supere el primer 30% de bajada de facturación. Para el resto será el 20% de lo que supere el 30% de disminución de ingresos. En cualquier caso, habrá un mínimo fijo de 4.000 euros. Y para los autónomos en módulos será una cantidad fija de 3.000 euros.

Las empresas con una facturación superior a los diez millones y que operan en múltiples comunidades podrán solicitar ayuda en todas ellas, no solo en la que tienen su sede.