Las lagunas del reglamento de la Corona



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El Rey Felipe VI pronuncia su discurso de Nochebuena en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid (España) el 24 de diciembre de 2020. 24 DE DICIEMBRE de 2020;  REY FELIPE VI Piscina 24/12/2020
El Rey Felipe VI pronuncia su discurso de Nochebuena en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid (España) el 24 de diciembre de 2020. 24 DE DICIEMBRE de 2020; REY FELIPE VI Piscina 24/12/2020Piscina / Europa Press

La posibilidad de regular la Corona más allá de los nueve artículos que le dedica la Constitución lleva mucho tiempo programada en el debate jurídico, aunque hasta ahora no se había considerado seriamente en el político. El hecho de que haya sido Unidos Podemos, grupo que dice ser republicano, el que abrió el melón con un proyecto de ley para incrementar los «controles democráticos» sobre la institución, ha generado desgana en los grupos más cercanos a la monarquía. Pero finalmente el PSOE se mostró a favor de un reglamento que «profundice» en la modernización de la Corona; y el PP está abierto a cambios que «fortalezcan» al jefe de Estado. Las propuestas, casi pronunciadas en el aire en Navidad, dejan muchas interrogantes en el aire: ¿qué margen da la Constitución para legislar sobre esta institución? ¿Qué materias podrían regularse sin tocar la Ley Fundamental y cuáles requerirían una reforma constitucional? ¿Sería válido con la autorregulación promovida por el Rey y pactada con el Gobierno?

El primer obstáculo legal que tendrá que resolver el ejecutivo es si una ley de la Corona es viable. Su regulación actual se limita al Título II de la Constitución; y al contrario de lo que ocurre con otras instituciones estatales, el texto de 1978 no prevé el desarrollo de estas normas básicas a través de una ley futura, salvo abdicaciones, renuncias «y cualquier cuestión de hecho o de derecho que surja en el orden de sucesión». (Artículo 57.5), que «se resolverá mediante ley orgánica».

Durante el mandato del estado de Juan Carlos I ni siquiera se abordó este reglamento, lo que obligó a la apresurada aprobación en junio de 2014 de una ley orgánica de abdicación del anterior monarca. Pero esa regla de un artículo solo determina el final del reinado de Juan Carlos I, por lo que los supuestos generales sobre abdicaciones y renuncias siguen sin estar regulados.

Para algunos juristas, el artículo 57.5 abre la puerta a la aprobación de una ley general de la institución, mientras que otros la cuestionan. “Ningún artículo de la Constitución permite una ley orgánica integral de la Corona, y menos con la intención política de fortalecerla o controlarla, como dicen”, defiende Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Este experto recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido que las leyes orgánicas no dependen de los Tribunales porque solo se pueden dictar las previstas en la Constitución.

Si existen dudas sobre constitucionalidad, ¿podría la Corona regirse por una ley ordinaria o mixta en la que algunos artículos (los que se centran en las abdicaciones y renuncias) sean orgánicos y otros no? “En general, una ley orgánica es necesaria para todas las instituciones, aunque, como en el caso de la Corona, en la Constitución no se especifica nada más que el artículo 57.5, se puede intentar aprovechar ese silencio”, admite Ruiz Robledo. «Pero no veo con claridad dónde encaja en la Constitución regular las funciones del Rey», añade el abogado, que entra así en el meollo de otro debate: hasta qué punto se puede regular la Corona.

Unidos Podemos aún no ha hecho público el texto de su propuesta, pero en sus declaraciones públicas ha explicado que, entre otros aspectos, pretende regular «qué puede hacer el Rey y qué no» y garantizar «una mayor transparencia» en la institución monárquica. Por su parte, Pedro Sánchez anunció el pasado martes una «hoja de ruta para la renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad». Es decir, los dos partidos que integran el Gobierno, aunque ocupan posiciones distintas con respecto a la Monarquía y probablemente difieran en muchos aspectos de la regulación que promueven, creen que la Corona debe mejorar la transparencia, valoración sobre la que existe consenso político y jurídico. .

La Casa del Rey, organismo que apoya al Jefe de Estado, está sujeta a la Ley de Transparencia, aprobada en 2013, pero no a los miembros de la Familia Real (los Reyes, sus hijas y los eméritos). Ninguno de ellos, ni siquiera el jefe de Estado, son considerados altos cargos, por lo que no están obligados a presentar declaración de bienes y derechos. Al poco tiempo de tomar el trono, Felipe VI impulsó algunos cambios, como la elaboración de normas sobre los obsequios que puede recibir la familia real, un código de conducta para el personal de la Casa y someter las cuentas de la institución a escrutinio externo. Sin embargo, los juristas y el propio gobierno parecen creer que la institución sigue siendo demasiado opaca.

«Esta es la laguna principal de la Corona», advierte Ana Aba Catoira, catedrática de derecho constitucional de la Universidad de A Coruña. Está a favor de una ley de la Corona – «debe haber sido desarrollada hace mucho tiempo», dice – aunque duda que ahora se pueda obtener el consenso político necesario. En todo caso, dice, si no se legisla, al menos se debería impulsar desde La Moncloa y La Zarzuela «una serie de pautas, una especie de código ético» que promueva la transparencia. «Desde la divulgación completa del monto del presupuesto hasta la regulación de los viajes privados», dice Aba Catoira. El profesor plantea otras cuestiones que conviene aclarar: «Las funciones de la princesa de Asturias y los reyes eméritos, que sustituye al rey si está enfermo o de viaje, qué actos del rey se consideran avalados por el presidente del gobierno o los ministros, o lo que el Rey puede y no puede decir ”, un debate que desencadenó el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal sobre la independencia promovido por la Generalitat de Cataluña.

Inviolabilidad

Una ley no podría sumar ni restar funciones al monarca porque estas están establecidas en la Constitución. Tampoco podía retirar por completo su inviolabilidad, pero sí podía retocarla, según los juristas consultados. Por ejemplo, limitarlo a los actos cometidos en el ejercicio directo del propio cargo, pero no a los privados. La Constitución da espacio para resolver las lagunas, pero lo que la Ley Fundamental establece claramente no se puede cambiar con una ley orgánica. Y que, si bien la Corona ya está legislada, deja pendiente una enmienda constitucional que hay que abordar cuanto antes: el predominio de hombres sobre mujeres en el orden de sucesión.

La mayoría de los partidos examinarían la inviolabilidad del rey. El PSOE la defiende por actos relacionados con sus funciones como jefa de Estado, pero cree que no se justifica por todas las actuaciones del monarca. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo una mención esta semana para abrir la puerta a profundizar la modernización de la institución. El PP ofreció su apoyo al PSOE a principios de esta semana para una ley de la corona para fortalecer la monarquía. Pablo Casado estaba dispuesto a apoyar «una ley orgánica de la Corona, siempre que se fortaleciera y continuara la renovación del reinado de Felipe VI».

Vox, tercera fuerza en el Parlamento, sostiene que el debate sobre la inviolabilidad de la figura del Rey no debe estar abierto. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, dijo a este diario que sería «una imprudencia constitucional hacia los gobernantes partidos republicanos».

Unidos Podemos entender que si el Rey comete delitos que no tienen nada que ver con su función constitucional, no puede depender de la inviolabilidad y debe rendir cuentas ante los tribunales y el propio Parlamento.

Ciudadanos coincide en que la inviolabilidad del Jefe de Estado debe limitarse al ejercicio de sus actividades públicas.

Junts for Catalunya parte de la idea de que la Monarquía es un sistema anacrónico y la inviolabilidad del Rey es infundada.

El PNV cree que es necesario cambiar la Constitución y dejar la inviolabilidad del Rey solo para su actividad política y no para los particulares.

Más País también cree que hay una «sobreprotección» del rey y por eso ha propuesto una ley para que su inviolabilidad no deje ningún acto al margen del Estado de derecho.