Los márgenes de la cocina sobre los que la fiscalía quiere investigar



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María Dolores de Cospedal y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en un archivo de imagen.
María Dolores de Cospedal y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en un archivo de imagen.Informe Europa Press / Europa Press

El magistrado Manuel García-Castellón cerró la investigación del operativo Espionage Kitchen al popular ex tesorero Luis Bárcenas el pasado jueves, pero el juego aún continúa. Varias partes en el procedimiento han precisado a Alicantur que apelarán contra la decisión del juez, que exonera a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y nombra a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. García-Castellón tomó la iniciativa de no extender la educación frente a los criterios de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía del Estado, acusaciones populares, lesionados y defensas diversas.

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El fiscal cree que hay muchas cuerdas para tirar. Sin embargo, «este instructor llegó a creer que la etapa preparatoria [previa al juicio oral] ha llegado a su fin ”, resumió García-Castellón en su auto, donde reprendió duramente la toma de nueva prueba solicitada por la Fiscalía:“ Todos deben ser despedidos. Son inútiles, inútiles y, en algunos casos, impertinentes y carentes de fundamento ”. Por lo tanto, el fallo del juez limitó la conspiración dentro y a su antiguo liderazgo policial. Y deja, según la línea hasta ahora mantenida por Anticorrupción y acusaciones populares, varios flecos sin resolver.

El material «robado». El juez reitera que existen «abundantes indicios» de que la trama se llevó a cabo con información que Bárcenas «almacenó» antes de que fuera obtenida por el juez de instrucción de la Caso Gürtel, pero no fue posible precisar qué material «robaron» – solo se encuentra disponible la versión ofrecida por el ex tesorero, quien dijo que entre los robados también se encontraba el audio de una supuesta conversación que tuvo con Mariano Rajoy en el recuadro b del PP -. Con el objetivo de indagar en este punto, la Anticorrupción solicitó interrogar al Inspector Jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los policías imputados, sobre una nota en la agenda del comisionado José Manuel Villarejo que dice: «Lo que fue tomado por LB está en la oficina «. Pero el magistrado lo rechaza:» Ya no estamos en el momento de investigar cómo recuperar esta información, sino de procesar a quienes pudieran participar en el acto aparentemente criminal «.

García-Castellón afirma que, «dado el tiempo transcurrido», resulta «remotamente útil» abrir esta línea de investigación: «Cuando el o los que hayan detenido [la información] hubieran tenido tiempo y capacidad para deshacerse de él, y hasta ahora no se ha encontrado ”.

pierna política. El instructor afirma que Kitchen intentó impedir que el juez de Gürtel, que rodeaba al PP, accediera a información adicional en poder de Bárcenas. Pero García-Castellón, al mismo tiempo, argumenta que no hubo «conspiración política» fuera del Interior, excluyendo así la implicación de la antigua dirección del partido. Una tesis que choca de frente con la de la Fiscalía, que señala a Cospedal sin paliativos y que solicitó sin éxito «, dadas las actuaciones que vienen a desvelar la posible implicación de [más] líderes políticos ”, citando también como imputado a Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y vocero popular de exportaciones al Senado, a quien Villarejo y Eugenio Pino, entonces jefe operativo del Cuerpo, señalaron como conocedores del operativo.

Además, un informe policial elaborado por el investigador principal de Gürtel también asegura que, dentro de la «estructura» que ha concebido Kitchen, un «primer nivel o línea de la esfera política, constituida por una formación que contribuya a la definición de objetivos estratégicos y el inicio de la operación «.

El juez también se niega a investigar más los encuentros entre Villarejo y Cospedal. El fiscal cree que el comisario le ha proporcionado información secreta sobre Gürtel, pero el instructor dice que no hay indicios al respecto. Además, la magistrada cree que de esos nombramientos no se puede derivar ningún delito – amparados por el «derecho de reunión», escribe -, que la exsecretaria general redujo a «tres o cuatro» antes de que su exjefe de gabinete la contradijera y ampliara los reuniones a por lo menos «ocho o diez».

Boicotear a Gürtel. El fiscal está convencido de que Kitchen fue un capítulo más en un largo boicot a Caso Gürtel y esto incluyó los informes de Villarejo, también al PP. En la agenda del comisionado se encontró una nota que revelaba la supuesta advertencia que el policía le hizo a uno de los imputados por el complot – Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla – días antes de las detenciones de los responsables de la red que lidera Francisco Correa. Un consejo que Panero confirmó este julio en las declaraciones al diario La razón y esto hizo que Anticorruzione pidiera ser citado a declarar. Una iniciativa que el juez rechazó por “no tener relación” con Kitchen.

Más involucrado. El fiscal cree que el ataque del falso cura en la casa de Bárcenas pudo estar vinculado a Cocina y que también puede haber «otros servicios de seguridad» del Estado detrás de él. Para ello solicitó al juez que identificara a los policías que visitaron al secuestrador de la familia Bárcenas en la cárcel, y los «motivos» de esas reuniones. Pero el juez excluye una mayor investigación del punto porque, según dice, no hay suficientes indicios que vinculen este episodio con la conspiración policial.

No es la primera vez que destaca más allá de Interior. El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, señaló en su teléfono que «han intervenido otros servicios», según consta en los informes elaborados en el celular que intervino. Además, la primera número dos de Interior aseguró al juez que se comunicó con la CNI para ver si tenían información sobre Bárcenas después de que Fernández Díaz le dijera.