Los sindicatos advierten de la «letra pequeña» en el acuerdo parlamentario sobre funcionarios interinos



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La redacción parlamentaria del decreto de regularización de los empleados públicos temporales, mediante acuerdo in extremis del PSOE con Unidos Podemos y ERC que evitaron una derrota en el Congreso, modifica algunos puntos que el gobierno había pactado con los sindicatos. Cambios de los que las plantas no sabían nada, según diversas fuentes sindicales consultadas. Insisten en pedir «mayor especificidad» sobre los cambios previstos, para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad de la futura norma. Tanto CSIF, la unión mayoritaria entre funcionarios, tanto UGT como CC OO coinciden en que hay que esperar a la redacción del decreto en forma de proyecto de ley, procedimiento que los socios parlamentarios del PSOE han solicitado para modificarlo, para ver cómo finaliza la izquierda. texto. Algo con lo que los sindicatos tendrán mucho cuidado porque cualquier deslizamiento legal en la redacción podría descarrilar el proceso.

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El primero de los cambios acordados en el Parlamento es el plazo para iniciar el procedimiento. El decreto aprobado este miércoles indica que las Administraciones Públicas deberán aprobar los puestos, primer paso para la posterior convocatoria de selección, antes del 31 de diciembre del presente año. Pero esa fecha desaparecerá en el futuro reglamento porque, según el acuerdo, se fijará un plazo máximo de cuatro meses desde su entrada en vigor. A priori no es un gran revés. Dado que el procedimiento en el Congreso se inicia con urgencia, el acuerdo en sí prevé que el proceso comience en septiembre y se espera que la nueva ley esté lista a mediados de octubre. De cumplirse este plazo, las Administraciones ganarían un mes y medio de margen y tendrían hasta mediados de febrero para aprobar los puestos.

La regularización, según los cálculos realizados por el gobierno en ese momento, afectará aproximadamente a 310.000 trabajadores temporales del sector público. La mayoría de ellos son de duración determinada, aunque también puede haber personal con contrato de duración determinada. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda, España contaba con más de 622.000 becarios el pasado mes de enero. La razón por la que el Ejecutivo reduce a casi la mitad el número de interesados ​​se debe, según fuentes de CSIF, a la «letra pequeña» del decreto. Esto no se aplica a todos los puestos temporales, sino a los que han estado injustificadamente durante más de 3 años sin apelación. Y también contempla otras excepciones.

En CC OO advierten de la dificultad de realizar este tipo de estimaciones, ya que finalmente son las Administraciones las que deberán ver puesto por puesto los que se ajusten a los requisitos. Esta es precisamente la primera fase del proceso, la aprobación de los cargos. Y el grueso de los pasantes, de nuevo según datos de Hacienda, se concentra en las comunidades autónomas, que suman más de 530.000 ya que gestionan la salud y la educación, las dos grandes fuentes de empleo público. En el gremio que lidera Unai Sordo, sin embargo, creen que las cifras del gobierno son menores y llevan el impacto entre 450.000 y 530.000 funcionarios. Este es el resultado del cálculo, sobre el total de puestos de trabajo temporales que existen, del porcentaje de puestos de trabajo temporales a los que España se ha comprometido. Según los planes enviados a Bruselas, en diciembre de 2024, al final de la regularización, el sector público no podrá tener más del 8% temporal. Hoy, ninguna comunidad autónoma tiene un porcentaje inferior al 14%.

La modificación de los términos iniciales no es la única que trae el acuerdo parlamentario respecto a lo que el Ejecutivo había acordado con los sindicatos en la mesa general de negociación de las Administraciones. ERC y Unidas Podemos han pedido dos cambios: que en concursos-oposición la fase de examen no sea necesariamente eliminatoria y que los funcionarios con más de 10 años en el cargo sin convocatoria no deben pasar por la oposición. Ambas medidas dejaron un sabor no homogéneo en la boca de los sindicatos: la primera gustó; el segundo suscita dudas sobre su reserva legal. En entrevista con Cadena Ser, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró este jueves que algunas de las medidas anunciadas ahora habían sido consideradas por los sindicatos y que el ejecutivo las rechazó «por presunta inconstitucionalidad».

Oposición no eliminatoria

El decreto establece el marco general para el acceso a los cargos públicos, tanto en la fase de mérito (el concurso) como en la fase preliminar (la oposición). Este segundo debe ser aprobado para obtener el puesto. Pero los socios del PSOE pidieron que se derogue este requisito en el proceso parlamentario «y los ejercicios de la fase de oposición no pueden ser eliminatorios». Héctor Adsuar, vocero del Área Pública de CC OO, señala que su gremio ha hecho una propuesta en base a lo que ya se ha hecho en algunos procesos, donde el límite máximo no es fijo al aprobado, sino menor según los aspirantes a calcetines de puntuaciones. «Lo que parece plantearse ahora es que no hay nota de interrupción», dice Adsuar, quien apunta que habrá que esperar a ver la redacción del proyecto de ley para «ver la viabilidad legal». Las citadas fuentes del CSIF no ponen especial escrúpulo en este punto, que consideran «positivo». Finalmente, si cada administración tendrá que decidir si la oposición es eliminatoria en sus apelaciones, recuerde, los sindicatos estarán atentos en las negociaciones para intentar no serlo.

Otras dudas plantean el otro gran cambio respecto al decreto original. Se trata de eliminar la oposición, accediendo al cargo sólo por méritos, «para aquellos grupos de funcionarios que hayan ocupado un cargo ininterrumpido en los últimos 10 años y que no hayan publicado el relativo anuncio público», según el acuerdo parlamentario. estados. En CSIF lo ven polémico: “Creemos que el criterio de los 10 años en este momento introduce más incertidumbre que certezas, queremos ver por escrito qué criterios se establecen porque este es un anuncio de la noche a la mañana. Puede generar discriminación ”, argumentan las fuentes del sindicato, quienes recuerdan que la doctrina de la Corte Suprema es que el abuso de la temporalidad se da a los tres años.

Incluso Adsuar no esconde algunas perplejidades: «Lo que nos preocupa de cualquier modificación es que sin certeza jurídica entramos en un ciclo de recursos ante el Tribunal Constitucional y el acuerdo ya no se respeta porque el proceso se prolonga». Una situación explosiva porque «la Administración es muy grande y hay muchos casos», lo que llevó a los sindicatos a acordar con el ejecutivo un texto muy mesurado. Los movimientos en el Parlamento ahora les darán más trabajo para que la regularización no se descarrile: «Nos reuniremos con los grupos parlamentarios y estaremos en comisión para monitorear el acuerdo, cada cambio debe ser impecable», concluye el portavoz de CC de el OO.