Los tres nombres que establecieron el pacto del poder judicial



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Los tres nombres que establecieron el pacto del poder judicial

El veto del PP al que ingresa el juez José Ricardo de Prada como miembro del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue, según confirman populares y socialistas, el detonante para la ruptura del acuerdo para la renovación del organismo, el cuyo mandato expiró en diciembre de 2018. El juez que, junto a otro magistrado, aceptó la declaración de Mariano Rajoy solicitando el enjuiciamiento popular como testigo en el primer juicio de Gürtel se convirtió en el principal obstáculo en la negociación, pero no fue el único nombre que impulsó las conversaciones a falla.

El PP también vetó a la jueza Victoria Rosell, ex representante de Podemos y actual delegada del gobierno por violencia de género; mientras que el partido de Pablo Iglesias ha puesto trabas a su socio para que acepte a otro juez, el conservador Alejandro Abascal, propuesto por el popular. Estos tres nombres ya aparecían en la candidatura del Consejo acordada por el PSOE y el PP en 2018, donde, incluso a regañadientes, los partidos admitían sin veto las propuestas del otro partido.

Fuentes cercanas a la negociación sostienen que, hace dos años, populares y socialistas firmaron el pacto con el reparto de afiliados (11 para progresistas y nueve para conservadores) y la elección del presidente (magistrado Manuel Marchena), sin entrar en nombres propuestos por el otro en su parte. Pero en esta ocasión, la desconfianza que generó en el PP la presencia de Podemos en el Gobierno y su insistencia en mantenerse al margen del pacto, llevó a cruzar las listas de nombres en el tiempo y abrió un debate que no pudo salir.

José Ricardo de Prada. Los populares se han resistido en los últimos meses a aceptar como diputado a cualquier candidato que consideren vinculado a Unidos Podemos, pero, si en el transcurso de las negociaciones podrían acabar admitiendo que el partido de Pablo Iglesias ha presentado una propuesta a través de sus socios de gobierno, el veto. en De Prada era inalienable. Para los populares, el juez que firmó, junto con otro magistrado conservador, las condenas del caso Gürtel, es una línea roja. Y eso a pesar de que en 2018, apenas cinco meses después de la sentencia que acabó con la carrera política de Rajoy, el PP accedió a incluir a De Prada en la candidatura al Concejo que registró conjuntamente con el PSOE.

Hasta ahora, habían justificado principalmente su negativa por ser un candidato cercano a Podemos. Pero ayer la gente popular centró sus críticas a De Prada en otro motivo: que, siendo juez, quería acceder al Consejo por turno de los juristas, lo que para la gente popular supone «un fraude de la ley», a pesar de que , en 2018, ya con Pablo Casado al frente, el PP incluyó a otro juez en su candidatura para la vuelta de los juristas, Manuel Altava, entonces senador del PP. El partido sostiene que la negativa a permitir el acceso de jueces al Consejo por turno de juristas es una nueva condición para esta negociación.

De Prada participó en esa cuota en 2018 porque en ese momento no era juez en activo en España (requisito para ser candidato al Consejo por la cuota judicial) pero se encontraba en una situación de servicio especial como juez de la ONU en La Haya. «Hubiera preferido ingresar al CGPJ para la ronda judicial, pero por razones administrativas no he podido hacerlo», lamentó cuando compareció en el Congreso en noviembre de 2018 como candidato al órgano de gobierno de jueces.

En esa sesión parlamentaria, el PP se felicitó irónicamente por el paso dado por el juez Gürtel: «Es bueno para la justicia española que dejes de hacer lo que estabas haciendo, que dejes de dictar sentencias y vayas a un órgano administrativo», dijo el diputado Carlos. Rojas. Los populares ya han cuestionado la independencia de De Prada, lo que llevó a las asociaciones judiciales a emitir una declaración en «defensa de la independencia del poder judicial» y pidió al Consejo que protegiera al juez, que lleva 30 años adscrito a la Audiencia Nacional. . y que fue juez internacional en la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal de Bosnia y Herzegovina.

Victoria Rosell. La actual delegada del Gobierno para la violencia de género, exdiputada de Podemos y juez, es otra de las candidatas que han estancado el pacto. Rosell forma parte de la lista de 51 candidatos a jueces del Consejo que el presidente del organismo, Carlos Lesmes, envió a las Cortes en septiembre de 2018, cuando inició los trámites para la renovación. El exdiputado fue aprobado por la Asociación de Jueces y Magistrados por la Democracia y, aunque el pacto se hizo añicos antes de que PSOE y PP presentaran formalmente su candidatura, ambos bandos admiten que Rosell fue uno de los 12 jueces entonces elegidos para ser voz.

Rosell ya no cumple con el prerrequisito para ser miembro del Consejo de Cuota Judicial (ser juez en activo) porque es la apoderada del gobierno contra la violencia de género, aunque las fuentes consultadas señalan que podría hacerlo si renunciara al cargo y pide volver a las carreras. El PP apoya su veto a que este paso del Ejecutivo al Ayuntamiento es incompatible con su objetivo de acabar con las «puertas giratorias» entre política y justicia.

Alejandro Abascal. Aunque los negociadores señalan que no se trató de un veto como tal, la presencia de este juez reforzador de la Audiencia Nacional en la candidatura del PP provocó reticencias en Podemos, que intentó convencer a los socialistas de que no debía formar parte del pacto. Abascal, que era candidato a Concejal aprobado por el Colegio de Profesionales Conservadores del Poder Judicial, es actualmente juez de refuerzo judicial que investiga el caso Dina, que involucra a Pablo Iglesias, quien lo convirtió en blanco de los ataques de Podemos.