Luz verde del Congreso para suspender fiscales sin el apoyo del PP y el ‘no’ de Vox



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Luz verde del Congreso para suspender fiscales sin el apoyo

Congelado por una temporada el dogma de la austeridad en Europa, el gobierno no tuvo dificultad este lunes en recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados en lo que es el primer paso hacia la elaboración de los presupuestos para el próximo año. La suspensión de las reglas fiscales, el corsé impuesto por la Unión Europea e incorporado a la Constitución española en el frenesí de ajustes tras la Gran Recesión, ha recibido un apoyo más que amplio por parte de la Cámara. En esta ocasión, la ciudadanía se unió a los habituales aliados del gobierno, la izquierda y los nacionalistas para allanar el camino a unas cuentas públicas expansivas en línea con el nuevo discurso impuesto en Europa. Lo firmaron 198 de los 350 congresistas.

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Nadie, ni siquiera la derecha, ha argumentado que después del brutal impacto de la pandemia, la receta del rescate se ha vuelto obsoleta y que ahora es el momento de gastar. Pero el núcleo más duro y ruidoso de los opositores al gobierno, que se pasan el día dando por muerto al gabinete y convocando elecciones, no está dispuesto a hacer la más mínima concesión. Así, tras reconocer que, efectivamente, ha llegado el momento de olvidar los rigores de la austeridad, PP y Vox han negado su apoyo al ejecutivo. El popular quedó en el refugio de la abstención. La extrema derecha paró las medias tintas, volvió a corear la consigna favorita de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros – «sólo queda Vox a la izquierda» – y votó en contra.

Era el primer pleno tras la pausa estival y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abrió la nueva sesión con una breve intervención en la que reiteró su enésima convocatoria sobre la necesidad del diálogo político. Llegar a acuerdos es «muy difícil», admitió Batet, pero rechazarlos, añadió de inmediato, es «una clara violación de nuestros deberes como diputados». El ritual de saludos que suele seguir a las vacaciones lo añadió entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: «Dejemos de lado la estrategia del enfrentamiento». Más realista, un colega suyo, el diputado del PSOE Guillermo Meijón, ya se había expresado antes de que su grupo hubiera renunciado hacía tiempo a cualquier esperanza de llegar a acuerdos con el PP. Y la votación sobre la abolición de las normas fiscales lo confirmó plenamente.

Montero defendió la propuesta invocando la necesidad de atender las emergencias sociales creadas por la pandemia y fortalecer la incipiente recuperación económica con fuertes inversiones públicas. Un esfuerzo, alimentado por el torrente de millones de fondos de recuperación procedentes de Bruselas, para configurar en España «una economía más típica del siglo XXI». No hay renuncia a la responsabilidad fiscal, dijo el ministro, ni hay intención de que «el déficit público se vaya reduciendo paulatinamente». Pero el objetivo de déficit del 3%, un objetivo sacrosanto antes de la pandemia, se pospone para 2024 o incluso 2025, dijo el jefe del Tesoro.

La suspensión de las reglas fiscales fue fundamental para poner en marcha la máquina presupuestaria del próximo año. Así lo dio a conocer Montero a la Cámara, a la que prometió un esfuerzo especial de diálogo con todos los grupos para intentar que las cuentas reciban el mayor apoyo político posible, dadas las urgencias del momento. «No apoyar las finanzas públicas sería como negarle pan y sal a la sociedad que quiere dejar atrás la pandemia», dijo.

La derecha no tardó en reiterar que de todos modos no estará allí para las obras. El PP destituyó a una de sus portavoces menos ruidosas, Elvira Rodríguez, exministra de Mariano Rajoy. Rodríguez defendió que la suspensión de la legislación tributaria requeriría compensarla con un plan de consolidación fiscal, algo que el gobierno no ha hecho hasta ahora. Denunció la «vergüenza» de que el Ejecutivo no respete la obligación de acudir a la Cámara cada tres meses para informar sobre la ejecución del presupuesto. Y anunció su abstención tras haber deplorado la «irresponsabilidad» de la coalición de izquierda, que gobierna el país «sin reglas ni compromisos».

Espinosa de los Monteros recordó que, hace un año, antes de una votación similar, su grupo se abstuvo porque entendió que eran necesarias medidas extraordinarias en una situación extraordinaria. Esa necesidad persiste, admitió el portavoz de Vox, pero no lo suficiente como para darle a Pedro Sánchez «un cheque en blanco» que le permita «gastar sin control». Así que esta vez Vox pasó al voto negativo ante lo que interpreta como una medida «directamente suicida». Aparte de la derecha, se han recogido otras abstenciones en el otro extremo del arco político, las de Junts, CUP y BNG.

Ciudadanos apoyó la suspensión del reglamento, aunque pidió que se acompañe de un plan de equilibrio de las finanzas públicas. Entre los socios más comunes del gobierno, se ha escuchado repetidamente la esperanza de que el fin de la austeridad no se quede entre corchetes y que la UE decida relajar sus reglas presupuestarias. Formaciones de izquierda como Podemos Unidas, ERC o EH Bildu lo pidieron, pero también, muy claro, el PNV a través de su diputada Idoia Sagastizábal.

Hundirse por la luz

El Gobierno también ha logrado superar el primer proceso de uno de los proyectos que buscan bajar el precio de la electricidad: la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad Energética. Con él, el objetivo es eliminar las primas de las renovables de la factura de la luz, que luego se distribuirían entre los gestores de todas las fuentes de energía. El gobierno estima que la factura de la luz se reduciría un 13% en cinco años.

Entre las voces en desacuerdo con el proyecto hubo una curiosa coincidencia de los dos extremos del arco parlamentario: las enmiendas al conjunto fueron presentadas por Vox y el BNG. Ambos, al igual que la CUP, han blandido algunos argumentos similares, como el temor a que los costes que se deducen de la factura de la luz sean luego cargados por las empresas a otras fuentes de energía. El nacionalista gallego Néstor Rego y la diputada de Vox Mireia Borrás también utilizaron el mismo ejemplo: el coche eléctrico, argumentaron, es actualmente un lujo «solo para ricos». Existe una clara brecha entre las posiciones de cambio climático de los grupos de extrema izquierda y el negacionismo cultivado por la extrema derecha. Pero ambos coinciden en que los costos de la transición energética no pueden recaer en las «clases populares», como dijo Albert Botran de CUP. El PP, a su vez, dejó claro que el gobierno tampoco puede esperar su apoyo en esto.

El debate trajo otro aguacero por el precio de la electricidad sobre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que acudió a la Cámara a defender la creación del Fondo. Las críticas han sido copiosas por parte de los grupos de izquierda, que han instado a los socialistas a actuar una vez «contra el oligopolio». «Se nos ha acabado la paciencia», advirtió Oskar Matute, de EH Bildu, mientras que Gabriel Rufián, de ERC, atribuía el cargo del PSOE a la presencia de exdirigentes del partido en los directorios de las empresas energéticas. Algo similar tuvo que ser escuchado primero por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien defendió el decreto que prorroga el llamado «escudo social» hasta el 31 de octubre, con la limitación de desalojos y la prohibición de apagones. Al menos en este caso, el gobierno consiguió el apoyo del PP.

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