Niños separados de sus madres tras llegar a Canarias en barco



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Tres mujeres inmigrantes llegaron a Canarias en barco, separadas de sus hijos recién desembarcados.
Tres mujeres inmigrantes llegaron a Canarias en barco, separadas de sus hijos recién desembarcados.Carlos de Saá / EFE

Al menos 12 menores fueron separados de sus madres o familiares tras llegar a Canarias en barco por decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, como avanza Eldiario.es. La política de la Fiscalía es evitar situaciones como la trata de niños ante la posibilidad de que las mujeres que llegan con los niños no sean realmente sus madres, aunque el protocolo para el cuidado de la niñez migrante establece que la separación del menor de quienes se declaran familiares directos sólo debe producirse en caso de «riesgo inminente». La separación se mantiene pendiente de la ejecución de las pruebas de ADN que deberán acreditar su vínculo familiar cuando no exista documentación que lo acredite. Este procedimiento lleva más de dos semanas, que debería ser el tiempo promedio normal, y mantiene separados a las madres y los bebés hasta por tres meses.

La Fiscalía General del Estado dijo este miércoles en un comunicado que la Fiscalía de Separación de Menores de Las Palmas nació del hallazgo, desde finales de 2019, de desapariciones «en un número alarmante de casos» de menores. junto con las que decían ser sus madres. Estas desapariciones ocurrieron antes de recibir los resultados de las pruebas de ADN, prueba que, según la acusación, demostró posteriormente que no existía vínculo biológico entre ellas. Este es, dice la nota, un criterio de «carácter temporal», aunque se reconozca que la notificación de los resultados de las pruebas sufre «grandes retrasos».

Yaiza Martín, trabajadora de la Misión Cristiana Moderna, iglesia evangélica en Fuerteventura que se encargaba de acoger a los migrantes en las islas, explicó a la agencia Efe que había escuchado gritos y súplicas durante más de dos meses de madres que veían cómo se separaban. sus hijos, de unos dos y tres años, que fueron acogidos en otras estructuras. “Cuando llegan al puerto, los niños son enviados a los centros juveniles y los adultos son enviados en un barco al muelle (donde hacen PCR y filiación); luego en otro barco para pasar la cuarentena de covid y luego al refugio, pero los niños no regresan hasta que se completa la prueba de ADN, que normalmente toma de tres a cuatro meses ”. Las madres «viven esto de una manera muy dramática, porque no saben a dónde acudir», dice Martín. «Es muy difícil para estos niños, que vienen de una travesía del Atlántico, que es un viaje súper peligroso, llegar al puerto y ser separados de sus madres», dijo Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales del gobierno de Canarias. en las declaraciones a Cadena Ser.

El tema ha llevado al Gobierno de Canarias y a la Fiscalía a tejer una maraña de competencias. La directora general de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, denunció este miércoles en el parlamento autonómico que la directiva del Ministerio Público de Las Palmas viola los derechos de la infancia. Serrano dijo que «tenemos que parar con esto». La Fiscalía, por su parte, alega en su comunicado que la instrucción prevé poner a disposición de los órganos autonómicos de protección de menores “únicamente” menores, que son quienes deben evaluar la conveniencia de mantener la separación o agrupación. menores con sus familiares. En todo caso, el Ministerio Público, tal como lo reconoce su estatuto orgánico, tiene la tarea de velar por que el interés superior del menor sea una prioridad.

El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, dijo este miércoles que se está estudiando el trámite de la Fiscalía de Las Palmas respecto a la separación de menores hasta que se verifique su origen. «Estamos analizando la situación creada» y reevaluando si es o no proporcionado separar a los niños de sus madres «, dijo.

La separación de los menores de sus familiares y el retraso en las pruebas de ADN es una constante en los informes de la Defensoría del Pueblo, que periódicamente destaca situaciones de distanciamiento prolongado entre padres e hijos que cruzan la frontera de Melilla siguiendo el criterio del Gobierno de la ciudad autónoma. Incluso en estos casos, la separación, lejos de ser temporal, dura meses. «La Defensoría del Pueblo considera excesiva la demora en el envío de los resultados, lo que indica la necesidad de mejorar y agilizar los procedimientos iniciados para la identificación de los menores acompañados», señala el informe de 2019.

Incluso con la posibilidad de un engaño que pudiera ocultar posibles propósitos delictivos, los datos muestran que son muy pocos los casos en los que las pruebas revelan que el adulto no tiene la relación que dice tener con el menor. Según datos provisionales de 2019, proporcionados por la Comisión General de Migración y Fronteras a la Defensoría del Pueblo, se localizaron 416 menores que, acompañados de adultos, intentaron acceder ilegalmente al territorio nacional en barco. Ese año se realizaron 651 pruebas de ADN para acreditar la relación, de las cuales 39 resultaron negativas y 38 estaban pendientes.

Las pruebas de ADN a los menores que entran en España de forma irregular con adultos que no pueden acreditar sus vínculos familiares se iniciaron en 2013 a raíz de una recomendación del Defensor del Pueblo advirtiendo sobre riesgos como la trata, las adopciones ilegales o incluso el tráfico de órganos humanos . Sin embargo, la institución siempre ha recomendado el establecimiento de centros especiales donde, en coordinación con los servicios sociales municipales, se lleve a cabo un cuidadoso seguimiento del vínculo entre el adulto y el menor a la espera del resultado de las pruebas que determinen su relación. .