Paso necesario



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Paso necesario

El gobierno ha decidido declarar una vez más el estado de alarma para detener la propagación del virus en España. Se trata de una decisión acertada, dada la preocupante evolución de los datos sobre la pandemia y la consecuente necesidad de adoptar medidas restrictivas de la libertad para reducir las infecciones. El estado de alarma es el paraguas legal que ofrece la Constitución para situaciones de este tipo y permitirá aplicar con seguridad jurídica las medidas necesarias. Por tanto, es un paso ideal y necesario. Al mismo tiempo, la intención del Gobierno de obtener una amplia revalidación -hasta mayo- cuando la vigencia del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado expira el 9 de noviembre. La Constitución establece que el Ejecutivo puede activar el estado de alarma por un máximo de 15 días, y cualquier prórroga requiere la autorización del Congreso. Tiene sentido tratar de evitar la dura prueba de las negociaciones de renovación quincenales que se produjeron en la primera ola.

Por otro lado, el Ejecutivo destacó en su comunicado algunas disposiciones tendientes a facilitar el consenso tanto a nivel parlamentario como territorial, un gesto apreciable para favorecer tan importante unidad política en la lucha contra el virus. El decreto prevé la reclusión nocturna de 23 a 6 horas (excepto en Canarias). Esta es la disposición del ejecutivo central adoptada por el Gobierno, con la intención de limitar las interacciones sociales que son una fuente importante de propagación del virus. Y ya en este primer apartado, el Ejecutivo se dirige a las comunidades autónomas con la posibilidad de adelantar o retrasar una hora su aplicación, en un claro gesto ante la reticencia de gobiernos autonómicos como Madrid. Una restricción de la movilidad después de la medianoche tendría un efecto muy limitado y, por lo tanto, sería una medida insatisfactoria. Pero la importancia de un amplio consenso político es tal que esta concesión debe ser aceptada en aras de un amplio apoyo a toda la iniciativa.

También parece oportuno que el decreto no concentre la capacidad de decisión en un organismo centralizado dependiente del Gobierno y, por tanto, otorgue amplias capacidades a las autonomías y al Consejo Interterritorial de Salud. Entre otras cosas, el decreto prevé la posibilidad de limitar la movilidad entre regiones, pero les deja la facultad de activar la disposición. Se establece la misma flexibilidad para otras posibles acciones de lucha contra el virus.

El manejo de la pandemia por parte del gobierno de Pedro Sánchez puede y debe ser criticado. Los malos datos registrados en España tanto en la primera como en la segunda oleada son, en gran medida, responsabilidad de ellos. Pero, en una situación como la actual, la activación del estado de alarma al ocurrir es una medida lógica, necesaria y absolutamente constitucional. El uso de esquemas similares ni siquiera es tema de debate en otros grandes países europeos. Es de esperar que las fuerzas políticas, y especialmente el principal partido de oposición, lo apoyen en una necesaria demostración de unidad. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, tiene ahora la oportunidad de demostrar que los votos de moderación y centrismo que exhibió en la moción de censura de Vox son un proyecto político real y no una pirueta táctica más.