Pedro Sánchez ve en peligro el apoyo al estado de alarma desde hace seis meses y evita acudir al Congreso a defenderlo



Las mejores noticias en Alicantur Noticias

Martes 27 de octubre de 2020-15: 44h

La investidura alía la presión para cambiar la propuesta «peligrosa», «antidemocrática» y «excesiva» porque elimina el escrutinio parlamentario

Pedro Sánchez, en la presentación del proyecto de presupuesto de ...

Pedro Sánchez, en la presentación del proyecto de Presupuesto para 2021.

EFE

Pedro Sánchez debe negociar y hacerlo en marchas forzadas. Su intención de que el Congreso apruebe el estado de alarma a nivel nacional por un período de seis meses tiene muy pocos seguidores. Ni siquiera los aliados de la investidura están a favor. Desde ERC, que considera el plan «democráticamente peligroso», hasta Bildu o Comproms, que lo definen como «excesivo». Una tras otra, las fuerzas parlamentarias, según explicaron sus voceros, han trasladado al Ejecutivo sus temores sobre un período tan largo de excepcionalidad sin control por parte del Legislador. Pese a ello, la portavoz de la ministra, Mara Jess Montero, asumió que «contamos con el apoyo necesario para hacerlo efectivo».

Al malestar de los grupos parlamentarios también se suma la noticia de que no será el presidente del Gobierno quien acudirá a la Cámara el jueves a pedir autorización al Congreso para prolongar el estado de alarma. En su lugar ocupará el ministro de Salud, Salvador Illa. El PP fue el primer partido en manifestar su disconformidad, sobre todo cuando lo que se pretende en esta aparición es limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos -movilidad y reunión- durante seis meses.

Incluso los populares se oponen al hecho de que el estado de alarma persista durante tanto tiempo sin control parlamentario. La propuesta alternativa del PP es disparar el estado de alarma por solo ocho semanas, por lo que si el gobierno considera necesario prorrogarlo, deberá acudir al Congreso y obtener su autorización.

Ahora, con las dudas de las fuerzas que respaldaron la toma de posesión de Sánchez, va en aumento el núcleo de quienes se niegan a entregar un cheque en blanco hasta el 9 de mayo. No se trata de estar insatisfecho con la necesidad de recurrir al decreto de estado de alarma por un largo período de tiempo, sino que este período se aprueba de una vez y no mediante sucesivas prórrogas aprobadas por el Congreso.

En definitiva, si el proyecto original del gobierno sigue adelante, la Cámara perderá su capacidad de control, su papel de contrapeso al ejecutivo durante un período de tiempo excesivamente largo. Esto trastornaría el espíritu de la propia ley que regula los estados de alarma, excepción y asedio, según la cual las extensiones del estado de alarma, que siempre deben ser «proporcionales» y «limitadas», deben ser decididas en el momento y en sus condiciones por el Congreso de los Diputados.

Gabriel Rufin, portavoz de ERC, en rueda de prensa en el Congreso.
Gabriel Rufin, portavoz de ERC, en rueda de prensa en el Congreso.EFEPISCINA

El ERC, a través de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufin, consideró «democráticamente peligroso quitarle el control parlamentario». «En seis meses nos parece peligroso», insistió. Esta fue la opinión que los republicanos catalanes transmitieron al gobierno, con el que prometieron seguir dialogando.

Para ERC, en principio, no basta con que el presidente o el ministro de Sanidad se presenten regularmente para explicar la situación de la pandemia. Argumentan que es necesario votar. En definitiva, es el Congreso quien autoriza las posteriores ampliaciones del estado de alarma.

«Aún hay tiempo»

Según Rufin, «es democráticamente estridente que el Congreso no pueda votar en seis meses sobre algo tan restrictivo como un estado de alarma. El gobierno debe venir a la Cámara y votar». El ERC tiene la intención de «refinar» la propuesta en su aspecto democrático. Su problema no es la duración esperada del estado de alarma, sino la falta de control parlamentario. «Es peligroso», insisten, «que el gobierno no informe al Congreso, con un voto, durante tanto tiempo».

Sin embargo declaran que «entre la economía y la vida siempre eligen la vida» y están decididos a seguir negociando con el Ejecutivo y con el resto de grupos. «Todavía hay tiempo», dicen, «48 horas es una eternidad».

Incluso Bildu no tiene problemas con el estado de alarma seis meses después, pero con la condición de que el gobierno se presente periódicamente ante la Cámara. Esta formación se muestra, como las demás, abierta a la negociación ya llegar a una solución consensuada. Formación abertzale se reserva el sentido de su voto hasta el final pero subraya que no le gusta un período tan largo sin control parlamentario.

igo Errejn y Laura Borrs, en el Congreso.
igo Errejn y Laura Borrs, en el Congreso.EFEPISCINA

El representante de Comprom, Joan Baldov, habló en la misma línea. También comunicó al Gobierno sus dudas sobre la propuesta inicial del Gobierno. «No nos gusta un período tan largo, nos gustaría que el Parlamento tuviera un papel más controlador, aunque reconozcamos que no podemos votar cada 15 días. Pedimos una situación intermedia con responsabilidad y esperamos que se llegue a un acuerdo en los próximos días». .

«Largos plazos», dijo el diputado valenciano, «pueden dar seguridad, pero hasta seis meses pueden darnos desesperación».

Autorizar nuevas extensiones

Pas también pidió que el gobierno rinda cuentas al asiento del gobernante nacional. Iigo Errejn cree que la tasa adecuada sería mensual y ha iniciado negociaciones con varios grupos parlamentarios, todos los cuales aprobaron la moción de censura, para presentar una enmienda a la propuesta del ejecutivo el jueves que requiere la rendición de cuentas periódica del presidente del gobierno. Sin embargo, Errejn cree que se podría evitar que la Cámara autorice nuevas prórrogas cada mes. Esta última posición no es compartida por todas las fuerzas que participan en las conversaciones.

JxCAT, por su parte, considera que el decreto de alarma aprobado por el Gobierno es «insuficiente» porque no propone las medidas necesarias para mitigar los efectos económicos que conlleva para los ciudadanos y empresas, ni permite el confinamiento de barrios o edificios.

Tampoco es aceptable que esta fuerza proponga un período de seis meses sin escrutinio parlamentario. «Es abusivo y extremadamente peligroso», dijo su portavoz Laura Borrs, para quien está claro que el gobierno está pidiendo un período de seis meses de oxígeno que, en su opinión, es «alarmante e inconstitucional». JxCAT considerará oportuno que el Primer Ministro comparezca cada mes o mes y medio.

.