Primer apoyo del Tribunal Constitucional a la condena del ‘procés’



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Los 12 líderes de la independencia catalana, en el Tribunal Supremo durante el juicio ai
Los 12 líderes de la independencia catalana, en el Tribunal Supremo durante el juicio del «procés».EMILIO NARANJO / EFE

A partir de este martes, el Tribunal Constitucional se enfrenta a los distintos recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes de la independencia catalana del procesada. El Tribunal Constitucional comenzará con el recurso de casación de la exconsejera Meritxell Borràs, condenada a interdicción (no prisión) por desobediencia. Pero la propuesta que discutirán los magistrados incluye, según fuentes judiciales, un elemento que posteriormente se extenderá al resto de condenados: el apoyo al Tribunal Supremo frente a la tesis defensiva de que los acusados ​​deberían haber sido juzgados por el Tribunal Superior de Cataluña. .

La decisión que el Tribunal Constitucional adoptará este martes sobre el recurso de casación presentado por Borràs -uno de los tres imputados en el juicio del procés que no han recibido penas de prisión- se aplicará al resto de condenados que hayan hecho propuestas similares en sus recursos.

El magistrado encargado de redactar el informe de condena aprueba que la Corte Suprema haya aceptado el caso contra los dirigentes independientes, es decir, fue el tribunal competente para juzgar los hechos. Este abordaje, por tanto, implicará la elaboración de una doctrina que pueda extenderse a todas las solicitudes de protección presentadas ante el juez de garantías en relación con este proceso; Además, en una cuestión -la de la supuesta incompetencia del Tribunal de Casación- que las defensas condenadas han intentado utilizar desde el primer día para solicitar la nulidad de todo el caso. De ahí la importancia de esta primera frase.

Hay un segundo aspecto que otorga especial relevancia a esta sentencia. Es que la presentación, realizada por el Magistrado Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado durante el mandato del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, supone una clara respuesta a las declaraciones de la justicia belga. En concreto, la tesis en la que se basaron los tribunales de ese país para denegar la orden de detención y entrega a España del exministro de Cultura Lluís Puig, que huyó con Carles Puigdemont desde 2017. Esta orden, emitida por el juez de tribunal supremo Pablo Llarena, obtuvo una respuesta negativa basada en el argumento de que Puig ya no era miembro del gobierno de la Generalitat o parlamentario autonómico cuando fue juzgado por el Tribunal Supremo.

La tesis de la justicia belga es que Puig dejó entonces de ser medido y que nada lo conecta con el resto de imputados (que mantuvo la jurisdicción, incluso después de aplicar el artículo 155 e intervenir en la autonomía catalana, porque aparecieron a remolque elecciones y miembros del Parlamento).

Sin embargo, el Tribunal Supremo dictaminó que tanto Puig como Dolors Bassa, exministra de Trabajo que no compareció en esas elecciones, debían ser juzgadas con el resto de líderes independentistas, por considerar que gozaban de la misma jurisdicción cuando ocurrieron los hechos. . De hecho, Bassa fue juzgado y condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación.

Este criterio es el que aprobará ahora el Tribunal Constitucional para desestimar el recurso de amparo de Borràs.

Hay un segundo punto del desafío que podría tener más viajes. La exministra del Interior argumentó que la sanción que se le impuso – consistente en el pago de 200 euros diarios durante diez meses – tuvo que ser cancelada por considerarla desproporcionada, porque se solucionó sin un análisis previo de su situación personal. Una acusación similar la hizo el ex juez Carles Mundó, cuya apelación se espera sea la segunda en ser examinada por el Tribunal Constitucional, ya en febrero.

La tesis de la sanción desproporcionada merece ser discutida, según fuentes cercanas a los magistrados constitucionales, porque el mismo Tribunal de Casación ha señalado en diversas sentencias que el monto de las sanciones pecuniarias debe tener en cuenta la situación económica del condenado. En el caso de los exasesores, la Sala de lo Penal constató que su condición de ex miembros del Ejecutivo catalán les permitía hacer frente a la pena impuesta, pero las defensas aseguran que no registró que hubiera pesado sobre sus condiciones familiares o laborales.

El recurso de Junqueras

El calendario previsto por el Tribunal Constitucional supondría atender los recursos interpuestos por los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y el expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) Jordi Sànchez en un pleno correspondiente al mes de marzo. Todos ellos -condenados entre 9 y 12 años de prisión- fueron defendidos por el mismo abogado, Jordi Pina, y sus recursos son muy similares. Se decidió que la última solicitud de amparo a resolver será la del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que cumple la pena máxima impuesta en el proceso: 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos.

El recurso de Junqueras es el más complejo. Plantea más de 20 presuntas violaciones de derechos fundamentales, con especial atención al derecho a la participación política, tanto cuando fue elegido parlamentario regional en septiembre de 2017 como cuando ganó un escaño en el Congreso de los Diputados en abril de 2019.

El propósito del Tribunal Constitucional es llegar al paréntesis de agosto por todos los medios contra la sentencia de procesada resuelto, por el procedimiento descrito de oraciones escalonadas. La única duda es si una posible renovación del tribunal de garantías -cuyo mandato con la composición actual ha finalizado hace más de un año- obligaría a retrasar estos planes.

El cambio supondría la sustitución del actual presidente, Juan José González Rivas, y de la vicepresidenta, Encarna Roca, así como del magistrado Andrés Ollero y Fernando Valdés Dal-Ré, que dimitieron el pasado mes de octubre tras ser acusados ​​de una supuesta demanda. violencia machista. Todos ellos (excepto Valdés) son responsables de algunas de las presentaciones de recursos de procesada, las cuales serían entregadas a sus suplentes, quienes deberían disponer de un tiempo para preparar sus propuestas de sentencia, lo que retrasaría el plazo para emitirlas.

Un desafío con un solo ojo en Estrasburgo

La agenda del próximo Pleno de la Corte Constitucional no incluyó la resolución para resolver las impugnaciones presentadas por los condenados para el juicio de la procesada contra el magistrado Antonio Narváez, aunque ya se han completado todos los trámites pertinentes. Narváez fue rechazada porque los líderes independentistas entienden que este magistrado ha perdido toda apariencia de imparcialidad habiendo calificado el procesada de «golpe secreto» y compararlo con el 23-F, para agregar que el primero de estos hechos fue «mucho más grave en sus consecuencias» que el ataque del coronel Antonio Tejero al Congreso.

El motivo del retraso en la resolución del litigio, según fuentes del propio tribunal, es que no existe unanimidad en la decisión. La ponente es la vicepresidenta, Encarna Roca. Para la mayoría de los jueces, es muy importante que se alcance un consenso sobre este tema. El objetivo es evitar tener votaciones individuales, porque si las hay, podrían debilitar la resolución, especialmente ante los más que previsibles recursos que se presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Este organismo persigue posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Los condenados del Tribunal Supremo solo pueden acudir a Estrasburgo cuando se agotan los recursos en España. Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las impugnaciones presentadas pondrán fin a este proceso y, en caso de que sus solicitudes no sean tomadas en consideración, los líderes independentistas condenados podrán recurrir ante la Corte Europea.