Reforma de las pensiones: lo que se aprobó y lo que queda por negociar



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La gabinete inició este martes el primer bloque de la reforma previsional de la «era Sánchez». Se trata de la séptima gran reforma del sistema público en la historia de España, desde aquella primera modificación realizada en 1985. El último conjunto de medidas de modificación del sistema de pensiones hace hincapié en el mantenimiento del poder adquisitivo de los pagos, vinculándolos al IPC; introduciendo una serie de incentivos y desincentivos para extender la carrera. Sin embargo, en los últimos días el debate sobre este tema, que afecta directa o indirectamente a la gran mayoría de españoles, se ha centrado más en lo que queda por negociar, que en lo aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Felipe González llevó a cabo la primera gran reforma de las pensiones, en 1985; José María Aznar Los jugó dos veces, en 1997 y 2002; José Luís Rodríguez Zapatero También hizo lo mismo en dos ocasiones, en 2007 y 2011; y Mariano Rajoy formalizó el suyo en 2013. Y salvo el del presidente gallego, todos los anteriores y los más recientes fueron firmados con el convenio con empresarios y sindicatos.

Este entendimiento dentro del diálogo social no siempre ha sido cosa fácil y en el primer bloque de medidas diseñado por la ministra José Luis Escrivá Se necesitaron más de seis meses para concluir el cierre de un primer pacto. A costa de varios encargos de la ministra y trasladando los temas más espinosos a otro bloque de medidas que habrá que aclarar a finales de este año. Con la tinta que aún no se ha secado del primer pacto, todos los empresarios y dirigentes sindicales han coincidido en que esta segunda fase será más difícil de cerrar con un acuerdo entre todos.

Escrivá desdibujó la foto que él mismo había promovido pasando a esa segunda fase y anticipando un dilema futuro para los ‘baby boomers’: o trabajan más duro o verán recortada su jubilación. El propio ministro se corrigió al día siguiente, lamentando las formas – «No tuve mi mejor día», dijo – más que el resultado final; porque con sus declaraciones era consciente de que había condicionado un debate que ya estaba más centrado en lo que falta que en lo cerrado. Estas son las claves de lo que ya se aprobó y se enviará al Congreso y de lo que aún no está definido y necesita ser negociado.

Pensiones vinculadas al IPC

El acuerdo validado este martes por el Consejo de Ministros prevé el mantenimiento de la poder adquisitivo de pensiones. Para ello, serán reevaluados automáticamente cada año en base al IPC promedio del año anterior, calculando ese promedio de noviembre a noviembre. Así, el gobierno asegura que las pensiones suban al mismo ritmo que la inflación. Y, si eso es malo, las pensiones de ese año no se moverán. Aquí los agentes sociales, en particular los sindicatos, se batieron en la mano de Escrivá, a favor de la implantación de un sistema de cálculo con medias móviles que modere el aumento de las pensiones en los años posteriores a la inflación negativa. Para contener levemente el gasto público. Finalmente, la fórmula aprobada es la más simple y clara de entender: las pensiones aumentarán a medida que aumente la inflación.

Incentivos y desincentivos para trabajar más

El equipo de Escrivá ha insistido en las últimas semanas en que lo más relevante para la sostenibilidad del sistema público de pensiones ya está cerrado y entra en este primer bloque de medidas aprobadas este martes. Es a través del esquema de incentivos y desincentivos para que las personas trabajen más tiempo que el gobierno confía en el saldo de las cuentas de la seguridad social. En ningún caso, según Escrivá, plantear la edad legal de jubilación. Y quita hierro a cuestiones como el aumento de los años aportados al cálculo de la pensión o la introducción de un mecanismo de sustitución del factor de sostenibilidad, heredado del PP y que vinculaba el importe del beneficio a la esperanza de vida.

Escrivá tiene como objetivo aumentar en dos años la edad media efectiva a la que los españoles se jubilan, de forma progresiva hasta 2050, para 66 años y medio. No obligando a los españoles a trabajar más, sino recompensándolos con una pensión más alta si alargan su carrera y penalizándolos si la acortan. Por ello, lo ya aprobado otorga a los trabajadores un 4% más de pensión vitalicia por cada año de aplazamiento de la jubilación. O, alternativamente, un cheque de 4.786 a 12.060 euros por cada año adicional de vida laboral. Y, por otro lado, el convenio ya cerrado prevé mayores coeficientes de reducción para la jubilación durante los primeros meses de prejubilación. Las sanciones por jubilación anticipada entre los trabajadores con salarios más altos, pero estos no entrarán en vigencia hasta 2024 y lo harán gradualmente.

Restringir a jubilaciones forzadas y parciales

Otro de los pilares de este primer acuerdo son las limitaciones para retiros forzosos. Los convenios colectivos pueden obligar al trabajador a jubilarse solo en muy pocos casos y nunca antes de que el trabajador haya acumulado los años mínimos de cotización. También afecta al jubilaciones parciales, que según las estimaciones de la Seguridad Social hasta ahora se ha acabado traduciendo en trabajadores que han compactado el tiempo y en lugar de trabajar menos durante más años, trabajan igual durante menos años y se jubilan antes.

Separación de fuentes

Un pilar de la reforma previsional que se deslizó en el acuerdo en el último minuto fue la separación de gastos propios e indebidos actualmente empleado por la seguridad social. Entrará en vigor en 2022. Para reforzarlo, el Estado inyectará entre 22 mil y 23 mil euros para terminar de corregir el déficit que arrastra la Seguridad Social asumiendo gastos no financiados directamente con la aportación de los contribuyentes, como las pensiones de viudedad o subvenciones.

Asuntos pendientes

Lo anterior ya se refleja en el proyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Y lo más espinoso quedará para el segundo y tercer bloque reformista. Aquí hablaremos sobre el mecanismo de «equidad intergeneracional«, el nombre que ha estado buscando el gobierno para un factor que afectará el monto de la pensión sobre la esperanza de vida y la pirámide demográfica. Aunque aún no se sabe cómo. Aquí Escrivá dijo que una posibilidad que contemplaba era que el los baby boomers han asumido «un pequeño ajuste a su pensión».

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Otro elemento que Escrivá y los agentes sociales deberían discutir es si aumentar o no la período cotizado para calcular la pensión. La primera reforma de Felipe González pasó de dos años a ocho años antes de jubilarse. Actualmente tiene 25 años y Escrivá vino a estudiar criándolo hasta los 35. Todavía estamos a la espera de resolver este tema, pero desde Unidos Podemos y los sindicatos ya han anticipado que no aceptarán ninguna medida en este sentido si se recortara la cifra final. Escrivá sostiene que las carreras profesionales ahora son diferentes y que los últimos años no son necesariamente los mejores, abriendo la puerta a aceptar un cambio en el sistema de cálculo, pero con un efecto neutral sobre la jubilación.

La tercera etapa de los asuntos pendientes es introducir un «aumento gradual de la base máxima de cotización del sistema, acompañado de un ajuste de la pensión máxima ”, como demuestra el Plan de Recuperación enviado a Bruselas y cuya entrada en vigor es de fecha 2022. Según el ministro, el aumento de las bases máximas de cotización (por encima de las 4.070 actuales, 10 euros) pueden aportar más recursos al sistema en una primera fase. La contrapartida de un mayor gasto por una pensión máxima superior (por encima de los actuales 2.707,49 euros) llegará un poco más tarde; Según Escrivá, esto podría coincidir con el período en el que la presión financiera sobre el sistema de pensiones comienza a disminuir, a partir de 2048.

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