Sánchez aprueba un nuevo estado de alarma para toda España con la intención de extenderlo hasta abril



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Sanchez aprueba un nuevo estado de alarma para toda Espana

El consejo de ministros extraordinario aprobó este domingo un nuevo estado de alarma para toda España con una duración de 15 días, aunque la intención es que se pueda prorrogar por los próximos seis meses si el Congreso lo apoya, según ha informado el Gobierno en el texto del decreto. El texto marca un toque de queda obligatorio para todo el país desde las once de la tarde hasta las seis de la mañana. Además del encierro nocturno, se establece la restricción de reuniones sociales. Las comunidades también tienen la posibilidad de limitar la entrada y salida de su territorio, salvo por motivos justificados, decisión que queda en manos de sus presidentes. Actualmente, estas medidas solo están aprobadas por 15 días. La autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma recae en los presidentes regionales, quienes pueden anticipar o retrasar el toque de queda una hora, pero no eliminarlo. España no cierra sus fronteras y establece excepciones, por ejemplo para Canarias, una de las comunidades con mejores datos, para salvar al máximo el turismo.

España vuelve al estado de alarma siete meses después del Consejo de Ministros del 14 de marzo que decretó detener la primera ola de la pandemia. Y será esta vez por mucho tiempo si se implementan los planes del gobierno. De modo que fue la segunda vez en democracia que se utilizó esta extraordinaria herramienta, prevista en el artículo 116 de la Constitución. Ahora es el cuarto, ya que también se utilizó específicamente para poder cerrar Madrid. Sin embargo, este estado de alarma no será como el de marzo, sino más suave, y con la intención de que el Congreso lo prolongue por seis meses, hasta el próximo abril.

Otra diferencia con la de marzo es que el Gobierno declara directamente en su decreto la voluntad de que el estado de alarma dure seis meses. El gobierno puede aprobarlo por el momento solo por 15 días, pero el texto del decreto ya prevé la necesidad de extenderlo en el Congreso por seis meses. El Ejecutivo no quiere repetir el infierno parlamentario de mayo, con votaciones desgarradoras cada quincena, por lo que en esta ocasión propone de inmediato una prolongación larga y espera tener suficiente apoyo parlamentario para que España sea como Italia o Francia, dos países donde nadie cuestiona el instrumento legal porque fue aprobado por varios meses. En Italia está en vigor desde el inicio de la pandemia y se ha renovado dos veces sin problemas.

El Gobierno también ha pensado en otro estado de alarma legalmente. El Gobierno ha trabajado para que la autoridad delegada en solicitar el estado de alarma y en el lanzamiento del encierro nocturno recaiga esta vez en los presidentes regionales, quienes lo han reclamado en varios casos. Esto permitirá a las autonomías tomar sus propias decisiones y respetar el principio político, acordado en junio, de que están gestionando la mayor parte de la crisis desde el alivio de la primera ola.

El gobierno no debería tener problemas para votar por la extensión al Congreso en dos semanas; Ciudadanos ya les ha ofrecido sus votos; El PNV estará de acuerdo porque el País Vasco fue la primera comunidad en pedir el estado de alarma el viernes -con la autoridad delegada en el Lehendakari, sí-; y Cataluña también lo ha solicitado, por lo que debería contar con los votos de ERC y JxCAT. Sin embargo, el gobierno es muy insistente en conseguir el apoyo del PP, que gobierna en cinco autonomías, entre ellas Madrid: la que se ha mostrado más reticente a reforzar el estado de alarma.

El problema de fondo es político. En las conversaciones informales entre concejales, según muchos de ellos, hay un claro consenso sobre el encierro nocturno -aunque se discute la hora de arreglarlo, 22.00, 23.00 o 24.00- y sobre el instrumento del estado de alarma limitada, pero el PP sí se opone tan radicalmente a la anterior alarma de mayo que ahora le cuesta admitirlo. Sin embargo, el gobierno ha decidido seguir adelante mientras lo popular decide. De momento, según fuentes tanto del Ejecutivo como del PP, no ha habido conversaciones de nivel entre ambos para llegar a un acuerdo sobre el estado de alarma.

El gobierno no tiene intención de volver al bloqueo total de marzo y al estancamiento económico casi absoluto. Pero cree, como la gran mayoría de autonomías, que el encarcelamiento nocturno -que implica impedir la movilidad durante un determinado período de la noche, salvo en casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios. Más del 30% de ellos se realizan en tertulias sociales en los hogares. Todos los gobiernos regionales están apuntando que cerrar los bares a una hora no es suficiente, porque mucha gente, sobre todo los más jóvenes pero no solo, siguen las reuniones en las casas hasta la madrugada.

El contacto prolongado en espacios cerrados sin ventilación aumenta exponencialmente el riesgo de contagio. Por eso casi la mayoría de gobiernos acuerdan tener una herramienta que permita a la policía vigilar las calles de noche y así dificultar mucho estos encuentros. El control de casa en casa es mucho más complicado, por lo que se supone que la fórmula de control de movimiento en las calles es más efectiva. El confinamiento total no está actualmente sobre la mesa, y de hecho se da este estado de alarma para no llegar a esa situación extrema con la evidente destrucción que provoca.

Las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular hasta ahora han resistido dando apoyo explícito al estado de alarma. Dos socialistas (Aragón y Canarias) no lo pidieron, pero lo apoyan. Los 10 restantes (País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares) lo solicitaron por escrito entre el viernes y el sábado. Hay gobiernos socialistas, regionalistas, nacionalistas y ciudadanos, en el caso de Melilla, que también han pedido oficialmente que esta norma constitucional limite derechos y contenga el virus.

El Gobierno tenía previsto aprobar este estado de alarma el martes en el Consejo de Ministros ordinario, tras haberlo madurado políticamente con las autonomías, que el jueves debatieron ampliamente el tema en el encuentro interterritorial de salud, con todos los concejales presentes. Pero la decisión se apresuró a este domingo, incluso antes de la conferencia de presidentes de mañana, debido a la demanda en cascada de varias comunidades autónomas el viernes.

El primero fue el País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dio un paso al frente después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco levantara las restricciones a las reuniones sociales que quería imponer a la comunidad. Detrás de Euskadi estaban todos los demás. El único problema político real es Madrid, porque según varios concejales las demás autonomías, incluidas las del PP, estaban a favor del encierro nocturno en un ámbito interterritorial y no rechazaban abiertamente el estado de alarma. Si se aplicara la escala aprobada en el ámbito interterritorial a los datos medios de las comunidades autónomas, siete comunidades ya habrían superado el umbral máximo de alerta: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Navarra y La Rioja, además de ciudad de Ceuta y Melilla.

Fe de errores

En una versión anterior de esta información se decía que el nuevo decreto de alerta prohibía los viajes de una comunidad a otra, cuando en realidad solo permite a las comunidades autónomas poner límites a los viajes entre comunidades.