Sánchez aprueba un nuevo estado de alarma para toda España con la intención de prorrogarlo hasta el 9 de mayo



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El Consejo Extraordinario de Ministros aprobó este domingo un nuevo estado de alarma para toda España de 15 días, aunque la intención es que se pueda prorrogar por los próximos seis meses, hasta el 9 de mayo, si el Congreso lo apoya. . Las medidas entraron en vigor a las 18:24 horas cuando se publicó el Real Decreto 926/2020 en Boletín oficial del estado (BOE). El texto marca un toque de queda obligatorio para todo el país desde las once de la tarde hasta las seis de la mañana.

Las comunidades también tienen la opción de restringir la entrada y salida de su territorio, salvo por motivos justificados, pero es una decisión que queda en manos de sus presidentes. Esto permite, por ejemplo, que las comunidades puedan cerrar sus fronteras si tienen una autonomía muy afectada en las cercanías, algo que se ha planteado en pocas ocasiones en las cercanas a Madrid, pero que no ha sido posible hasta ahora. El confinamiento nocturno es obligatorio durante los próximos 15 días. Pasadas esas dos semanas, a partir del 9 de noviembre, el toque de queda dejará de ser obligatorio en todo el territorio y su posible prórroga quedará en manos de los presidentes regionales.

El gobierno deja en manos de las autonomías las principales decisiones, una apuesta política que se hizo en junio y que ahora se mantiene, que muchas de ellas pedían. La autoridad delegada para aplicar el estado de alarma queda en manos de los presidentes regionales, quienes pueden anticipar o retrasar el toque de queda una hora, pero no eliminarlo. El Madrid, por ejemplo, quiso ir a las 00.00 horas, que el decreto permite. El órgano de cogobernanza que dirigirá la crisis será el consejo de salud interterritorial, que suele reunirse los miércoles. España no cierra sus fronteras y hace una excepción al toque de queda para Canarias, una de las comunidades con mejores datos, para salvar al máximo el turismo.

“Toda Europa ya está tomando medidas para limitar la movilidad. La situación que vivimos es extrema ”, dijo el presidente, Pedro Sánchez, para justificar esta decisión. El presidente pidió un «apoyo parlamentario abrumador» a esta medida, presionando así al PP. Sánchez anunció que había llamado a Pablo Casado, líder del PP, para comunicar estas medidas y pedir su apoyo. El gobierno también se puso en contacto con otros grupos para asegurar el éxito de la votación. Sánchez quiere que la prórroga se vote de inmediato, sin esperar 15 días. La solicitud será aprobada el martes en el Consejo de Ministros ordinario para que pueda ser votada el mismo jueves en el Congreso.

El gobierno no debería tener problemas para votar. Ciudadanos ya les ha ofrecido sus votos; El PNV está de acuerdo porque el País Vasco fue la primera comunidad que pidió este viernes el estado de alarma -con la autoridad delegada en el Lehendakari, que se ha aclarado-; y Cataluña también lo ha solicitado, por lo que debería contar con los votos de ERC y JxCAT. Sin embargo, el gobierno es muy insistente en conseguir el apoyo del PP, que gobierna en cinco autonomías, entre ellas Madrid: la que se ha mostrado más reticente a reforzar el estado de alarma. El PP asegura que Casado dará su opinión sobre este tema mañana lunes.

El objetivo es llegar a 25 infectados por cada 100.000 habitantes, explicó el mandatario. Ahora España está en 368, anotó. «Tenemos un largo camino por delante, tendremos que desplegar un gran ejercicio de resistencia», insistió tras aclarar que el plazo de 6 meses no es fijo si mejoran los datos. El presidente también ha garantizado que habrá una rendición de cuentas cada dos semanas aunque la prórroga no se votará cada 15 días como en abril y mayo. El gobierno ya ha admitido indirectamente que fue un error no extender la alarma hasta junio, pero lo justifica en que la presión de otros grupos políticos, en particular el PP pero también de aliados como ERC, hizo inviable en el parlamento.

España vuelve así al estado de alarma siete meses después del Consejo de Ministros del 14 de marzo que decretó frenar la primera oleada de pandemias. Y será esta vez por mucho tiempo si se implementan los planes del gobierno. De modo que fue la segunda vez en democracia que se utilizó esta extraordinaria herramienta, prevista en el artículo 116 de la Constitución. Ahora es el cuarto, ya que también se utilizó específicamente para poder cerrar Madrid. Sin embargo, este estado de alarma no será como el de marzo, sino más suave, y con intención de que el Congreso lo prolongue por seis meses, hasta el próximo mes de mayo.

Otra diferencia con la de marzo es que el Gobierno declara directamente en su decreto la voluntad de que el estado de alarma dure seis meses. El gobierno puede aprobarlo por el momento solo por 15 días, pero el texto del decreto ya prevé la necesidad de extenderlo en el Congreso por seis meses. El Ejecutivo no quiere repetir el infierno parlamentario de la primavera, con votaciones desgarradoras cada dos semanas, por lo que en esta ocasión propone de inmediato una prolongación larga y confía en que tiene suficiente apoyo parlamentario para que España sea como Italia o Francia, dos países donde nadie discute el instrumento legal porque está aprobado por varios meses. En Italia está en vigor desde el inicio de la pandemia y se ha renovado dos veces sin problemas.

El Gobierno también ha pensado en otro estado de alarma legalmente. El Gobierno ha trabajado para que la autoridad delegada en solicitar el estado de alarma y en el lanzamiento del encierro nocturno recaiga esta vez en los presidentes regionales, quienes lo han reclamado en varios casos. Esto permitirá a las autonomías tomar sus propias decisiones y respetar el principio político, acordado en junio, de que están gestionando la mayor parte de la crisis desde el alivio de la primera ola.

El gobierno no tiene intención de volver al bloqueo total de marzo y al estancamiento económico casi absoluto. Pero cree, como la gran mayoría de autonomías, que el encarcelamiento nocturno -que implica impedir la movilidad durante un determinado período de la noche, salvo en casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios. Más del 30% de ellos se realizan en tertulias sociales en los hogares. Todos los gobiernos regionales están apuntando que cerrar los bares a una hora no es suficiente, porque mucha gente, sobre todo los más jóvenes pero no solo, siguen las reuniones en las casas hasta la madrugada.

El contacto prolongado en espacios cerrados sin ventilación aumenta exponencialmente el riesgo de contagio. Por eso casi la mayoría de gobiernos acuerdan tener una herramienta que permita a la policía vigilar las calles de noche y así dificultar mucho estos encuentros. El control de casa en casa es mucho más difícil, por lo que se supone que la fórmula de control de movimiento en las calles es más efectiva. El confinamiento total no está actualmente sobre la mesa, y de hecho se da este estado de alarma para no llegar a esa situación extrema con la evidente destrucción que provoca.

Las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular hasta ahora han resistido dando apoyo explícito al estado de alarma. Dos socialistas (Aragón y Canarias) no lo pidieron, pero lo apoyan. Los 10 restantes (País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares) lo solicitaron por escrito entre el viernes y el sábado. Hay gobiernos socialistas, regionalistas, nacionalistas y ciudadanos, en el caso de Melilla, que también han pedido oficialmente que esta norma constitucional limite derechos y contenga el virus.

El Gobierno tenía previsto aprobar este estado de alarma el martes en el Consejo de Ministros ordinario, tras haberlo madurado políticamente con las autonomías, que el jueves debatieron ampliamente el tema en el encuentro interterritorial de salud, con todos los concejales presentes. Pero la decisión se apresuró a este domingo, incluso antes de la conferencia de presidentes de mañana, debido a la demanda en cascada de varias comunidades autónomas el viernes.

El primero fue el País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dio un paso al frente después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco levantara las restricciones a las reuniones sociales que quería imponer a la comunidad. Detrás de Euskadi estaban todos los demás. El único problema político real es Madrid, porque según varios concejales las demás autonomías, incluidas las del PP, estaban a favor del encierro nocturno en un ámbito interterritorial y no rechazaban abiertamente el estado de alarma. Si se aplicara la escala aprobada en el ámbito interterritorial a los datos medios de las comunidades autónomas, siete comunidades ya habrían superado el umbral máximo de alerta: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Navarra y La Rioja, además de ciudad de Ceuta y Melilla.

Fe de errores

En una versión anterior de esta información se decía que el nuevo decreto de advertencia prohibía viajar de una comunidad a otra. El decreto permite a las autonomías establecer límites a la circulación entre comunidades, pero no las obliga a hacerlo.