Santander, CaixaBank y Bankia recibirán 1.350 millones del Estado por el cierre de la plataforma Castor



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Plataforma de gas de ricino.
Plataforma de gas de ricino.Reuters

El Estado deberá abonar 1.350 millones de euros a Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el cierre del almacén de gas Castor, cerrado en 2014. El jueves, el Tribunal Supremo otorgó a los tres bancos el derecho a cobrar esta cantidad, que ya habían pagado anteriormente. facilitar el cierre de la controvertida estructura, que había quedado en el aire cuando la norma que la estableció fue declarada inconstitucional. Santander recibirá algo más del 50% del importe, el 34% CaixaBank y el 15% la entidad madrileña.

En la sentencia, firmada por Wenceslao Francisco Olea, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior aceptó parcialmente el recurso de apelación de los tres bancos, que en abril de 2018 presentó un «reclamo de responsabilidad del Estado legislativo» ante el Ejecutivo. Solicitó la devolución del dinero pagado. Los tres bancos aportaron ese dinero a la concesionaria de la estructura, Enagás, luego de que tomara el relevo de la constructora, a cambio de un derecho a cobrar el monto que el Estado debía pagar en 30 años. Sin embargo, la norma que dictaba estos pagos fue declarada inconstitucional y el dinero quedó en el aire.

La sentencia deriva de la construcción y posterior hibernación del almacén de Castor, situado frente a la costa de Tarragona. La empresa Escal lo construyó, y cuando entró en funcionamiento, inyectando el gas que debía almacenar en el verano de 2013, se produjeron una serie de terremotos. La actividad sísmica ha generado una gran alarma social, por lo que el gobierno ha decretado que la planta sea «hibernada». Dicho esto, Escal retiró la concesión y exigió que se le indemnice con 1.350 millones. Luego, el gobierno asignó el almacén a Enagás y le ordenó que hiciera el pago. Asimismo, para compensarle este pago, le otorgó, mediante Real Decreto de 2014, el derecho a cobrar esta cantidad en relación con los peajes y tasas del sistema gasista, por lo que Enagás habría recibido ese dinero en un plazo de 30 años. con un primer pago en enero de 2016.

El decreto permitió a Enagas transferir todo o parte del derecho de cobro, lo que hizo a favor de los tres sujetos, mediante un contrato suscrito en octubre de 2014, «es decir, el mismo día en que adquirió el derecho de cobro ‘cobranza’, desde la fecha de entrada en vigor del real decreto que la otorgó, por el mismo importe, es decir, 1.350.729.000 euros. Luego, los bancos pagaron a Enagás y comenzaron a recibir los pagos correspondientes, que fueron pagados por la CNMC.

Pero el decreto de 2014 por el que se concedía el derecho de cobro fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Parlamento y la Generalitat de Cataluña y por 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y el Tribunal declaró en diciembre de 2017 que dicho derecho de cobro y su las condiciones eran inconstitucionales. Entre otras cosas, el TC manifestó que no había podido encontrar las razones de «necesidad extraordinaria y urgente» necesarias para redactar un decreto como este que concedía el derecho de cobro.

La consecuencia de la sentencia de inconstitucionalidad fue que en enero de 2018 la CNMC dejó de realizar pagos del derecho de cobro a los bancos, por lo que los importes impagados en ese momento ascendían a 667,2 millones en el caso de Santander, 446 millones en ese de CaixaBank y 196,4 en el de Bankia. Además, la CNMC ha iniciado un procedimiento de revisión de los pagos ya realizados. En julio de 2019, la CNMC declaró inválidos todos los pagos y pidió a los tres bancos que los devolvieran en un plazo de 15 días, lo cual hicieron.

Antes de eso, a mediados de 2018, los bancos ya habían iniciado un proceso exigiendo al «Estado legislativo» (piden el daño que ha producido un acto legislativo) el daño causado por todo el caso, quedando sin derecho a cobrar el monto y tenían que devolver lo que recibieron. Consideran que, al declarar inconstitucional el decreto, se les ha privado del derecho de cobro «negar el derecho a indemnización significaría que la administración pública se beneficiaría de sus propios incumplimientos y de un enriquecimiento injusto en detrimento de los bancos demandantes». A este argumento, la Fiscalía argumentó «que la imputación de daño no tiene nada que ver con la declaración de inconstitucionalidad del decreto, sino con el contrato de cesión» del derecho de cobro firmado con Enagás y solicitó que Se rechazó el recurso de apelación o se redujo en un 70% el monto a indemnizar «en concepto de indemnización por averías».

La Corte asume la responsabilidad del Estado legislador en el caso, desde la declaración de inconstitucionalidad de los daños a los titulares del derecho de recuperación. “En definitiva, al final y tras la declaración de inconstitucionalidad, Enagás [y posteriormente los bancos a quienes cedió el derecho, que pasan a ser los perjudicados] Es legítimo para él realizar un pago de una cantidad excesiva de dinero que no estaba obligado a realizar bajo ningún título, y se le priva del derecho a recuperar ese pago. Es más que evidente que en esa situación en la que, finalmente, se impone la declaración de inconstitucionalidad, hay un daño más que evidente que no puede dejar de ser indemnizado ”. Se concluye, por tanto, que los bancos «tienen un derecho de crédito que ha sido reconocido por una ley que no pueden hacer cumplir» y deben ser compensados, porque de no hacerlo significaría que «la perniciosa posibilidad de generar un área de inmunidad de responsabilidad de la autoridad pública, lo que entraría en conflicto con las disposiciones constitucionales «.