Soy funcionario temporal, ¿tendré alguna vez un puesto permanente?



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Concursos celebrados en Valencia en septiembre de 2020.
Concursos celebrados en Valencia en septiembre de 2020.Kai Försterling / EFE

Covadonga Díaz aprobó concursos para convertirse en educador social en la Comunidad de Madrid en 1996, pero no alcanzó la marca y no pudo postularse a una de las 16 vacantes ofertadas ese año. Desde entonces no ha dejado de trabajar como becario en varios centros de menores. Ahora teme que el puesto que ocupa temporalmente vaya a concurso y le ponga en paro sin un euro de compensación. Por eso ha decidido encomendar su caso a los tribunales: «Solo quiero que me reconozcan por lo que soy, una empleada permanente», dice.

En los últimos años, miles de funcionarios y trabajadores temporales de larga duración han solicitado legalmente permanecer en sus puestos de trabajo sin tener que pasar por un nuevo proceso de selección, por presunto fraude. Si bien los tribunales han reconocido que se están cometiendo abusos, no han acertado del todo, porque entienden que la conversión de contratos temporales en indefinidos es propia del derecho laboral y no del ámbito administrativo, donde los principios constitucionales de igualdad, ameritan y capacidad. Ahora, piden una reforma legislativa para salir del laberinto judicial al que han sido condenados estos profesionales.

El conflicto viene de lejos y se origina en la temporalidad que afecta al sector público, donde uno de cada cuatro empleados es temporal (27%). Muchos de estos profesionales llevan años en el mismo puesto, sin convocar ningún concurso. Y todo ello, a pesar de que el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP) establece un plazo máximo de tres años para la licitación. “El problema es que la ley no establece una sanción cuando se supera ese plazo y se perpetúan las condiciones precarias”, dice Javier Arauz, abogado que representa a más de 7.000 becarios en toda España.

Arauz estuvo justo detrás de la demanda que supuso uno de los hitos judiciales más importantes para el grupo: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de marzo de 2020. La resolución constata que la falta de empleo público lo ofrece. no justifica la perpetuación de los aprendices y deja a los tribunales españoles cómo poner fin al abuso, ya sea haciéndolos empleados permanentes o reconociendo el derecho a indemnización. En cualquier caso, subraya el TJUE, debería ser una sanción que «disuada» a las administraciones de seguir violando la ley.

Frases contradictorias

Hasta ahora un tribunal (de Alicante) y un tribunal superior de justicia (el de Galicia) han apostado por la fijeza. Sin embargo, otras dos sentencias del Tribunal de Casación dictadas en septiembre de 2020 arruinaron la posibilidad de que los pasantes vayan directamente de forma indefinida, ya que su proceso de selección no es comparable a un concurso-oposición en el que «todas las personas interesadas». En otras palabras, no es posible ingresar a la Administración por la puerta trasera.

Por tanto, el máximo tribunal de España mantiene su doctrina de sancionar el fraude laboral en el sector público, reconociendo a los afectados como permanentes no permanentes (si son trabajadores temporales) o protegiéndolos igualmente hasta que se produzcan oposiciones (si son funcionarios sin cargo) . “Básicamente, lo que hacen los magistrados es legislar al final de una sentencia para dar estabilidad a estos empleados, sin concederles un trabajo de por vida”, explica Salvador Beltrán, catedrático de derecho laboral de la Universidad de Granada.

El doble revés judicial ha llevado a varios grupos de becarios a manifestarse estos días en diferentes ciudades para exigir inspecciones y una modificación de la EBEP que les permita mantener sus puestos de trabajo si se comprueba que ha habido irregularidades, online con la sentencia del TJUE. . La abogada del Ayuntamiento de Alicante, Ana Barrachina, no está convencida de la iniciativa ya que «supondría crear una nueva categoría de empleados públicos con una difícil adecuación constitucional». Opinión compartida por Javier Reyes, un abogado laboralista checo Magán, que está convencido de que la sentencia europea «está mal interpretada, ya que no requiere una única solución».

Ambos expertos apuestan por la realización de concursos en los que se dé mayor importancia a los servicios prestados (hasta un 45%). Es precisamente la alternativa preferida por los sindicatos mayoritarios, que buscan no perjudicar a los funcionarios de carrera. Pero las plataformas de actuación no parecen dispuestas a pasar por el círculo. “La sentencia del TJUE establece que los juicios selectivos no tienen un efecto negativo sobre el empleador ni sirven para evitar más abusos”, dice Ana Díaz, portavoz de la Asociación de Trabajadores Públicos Temporales (TTPS).

El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, Daniel Toscani, recuerda que siempre existe la posibilidad de aprobar una ley que establezca una retribución «adecuada y proporcionada» para estos profesionales, en caso de que su puesto sea cedido definitivamente a otro. persona. Según Toscani, sería una forma de resolver el enigma sin sacrificar ningún principio constitucional, aunque obviamente «el gasto público aumentaría». La pelota está ahora en la cancha del gobierno, que en junio pasado anunció que entre sus objetivos para esta legislatura está la aprobación de nuevas sanciones por abuso laboral temporal y medidas para reducirlo.