Telefónica solicita arbitraje internacional contra Perú



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Sede de Telefónica en Lima, Perú, en una imagen de 2019.
Sede de Telefónica en Lima, Perú, en una imagen de 2019.

Telefónica presentó una demanda contra Perú ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, según la agencia en su sitio web. La solicitud de arbitraje fue registrada el viernes 12 de marzo, aunque no se dieron a conocer sus motivos precisos y el monto de la solicitud. La multinacional española de telecomunicaciones alega que Sunat -el Tesoro peruano- y otras agencias estatales no están cumpliendo con las obligaciones del acuerdo de inversión entre España y Perú. Y ya habría informado los problemas por carta al gobierno peruano, según el periódico Negocio.

Telefónica contrató para el arbitraje a Uría Menéndez y también a Philippi Prietocarrizosa Ferrero & Uría, socio sudamericano del bufete español, según fuentes oficiales.

El APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Mutua de Inversiones entre el Reino de España y la República del Perú) es un acuerdo bilateral firmado en Madrid en 1994 por los Cancilleres de ambos países, que entró en vigor en 1996. El texto regula el tratamiento que ambos estados reservan para inversionistas del otro país e indica cómo proceder, por ejemplo, en caso de expropiación o disputas legales. El objetivo era promover las inversiones entre los dos países, que se comprometieron a dar a las empresas de la otra parte «un trato no menos favorable que el otorgado a sus inversores».

La decisión de Telefónica nació en medio de una relación enrarecida entre la empresa y las autoridades peruanas. Hace apenas tres semanas, el Tribunal Constitucional peruano acordó con la empresa española una disputa con el fisco de ese país, que exigía el pago de intereses atrasados ​​de una deuda tributaria. La sentencia eximió a Telefónica del pago de parte de los intereses, en concreto 729 millones de soles (aproximadamente 163 millones de euros), considerando que la excesiva duración del juicio perjudicó a la empresa al incrementar el importe. Aun así, según la agencia EFE, Telefónica tendrá que pagar 322 millones de euros al Tesoro peruano: unos 131 millones por el capital de la deuda y otros 191 millones por los intereses acumulados.

El caso estuvo rodeado de tensión. Horas antes de escuchar la opinión de los jueces, Telefónica se defendió en un comunicado contra las acusaciones de una de las juezas del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma. La empresa española ha asegurado que ha pagado todos los impuestos que le corresponden desde que inició su negocio en Perú hace 27 años. En los años de la polémica de la deuda tributaria (1998, 2000 y 2001), asegura haber pagado entre el 40% y el 52% de sus beneficios, «más del 30% exigido por la ley». En 2019, Telefónica ya pagó 218 millones de soles por una deuda tributaria originada entre 1999 y 2004 reclamada por Perú.

La disputa con las autoridades peruanas se está extendiendo ahora por el caso ante el organismo de arbitraje internacional, en un caso que corre el riesgo de estropear aún más relaciones ya complejas que también han dañado su reputación. La empresa criticó la interpretación de la sentencia como una forma de perdonar a Telefónica por pagar sus obligaciones tributarias. Y respondió de la siguiente manera en el comunicado: «Si la sentencia es favorable a la empresa como se ha señalado en diversos medios, no es cierto que se condonaría el pago de una deuda a Telefónica, sino un criterio ya definido por el TC en el sentido de que la misma demora de la administración en resolver los términos de la ley no puede ocasionar perjuicio a un contribuyente que ejerza su legítimo derecho de disenso, sea persona natural, pequeña, mediana o gran empresa ”.

Esta no es la primera vez que Telefónica recurre al CIADI para resolver disputas con las autoridades regionales. Durante años tuvo un enfrentamiento abierto con Argentina, también demandó a México y, más recientemente, en 2018, presentó una solicitud de arbitraje contra Colombia por un laudo arbitral en ese país que lo condenó a pagar 1.652 millones de euros. Pesos colombianos (470 millones euros) por los activos destinados a la implantación de la telefonía móvil en el país sudamericano.