Un burdel de carretera se cierra cuatro veces a la semana



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Madrid

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El alcance del cierre total de los burdeles de La Rioja fue anunciado con orgullo por la directora del Observatorio de Derechos Humanos de esa comunidad, Sara Carreño (Podemos), el pasado 31 de agosto. La ministra Irene Montero envió una carta a todas las comunidades para cerrar los lugares donde se practica la prostitución, al igual que se ha hecho con discotecas y locales de entretenimiento. Pero no todos se unieron. La noche del martes, la Guardia Civil desalojó y cerró un club de carretera en la ciudad de Rincón de Soto por cuarta vez en una semana. Los agentes tenían que ir habitación por habitación retirando clientes y trabajadores. El burdel funcionaba «con total normalidad», como si Covid19 hubiera pasado por allí.

El dueño de 51 años, originario de República Dominicana y residente de Rincón de Soto, se propuso la sanción por cuatro infracciones graves a la ley de salud, por lo que se arriesga a una sanción de 24.000 euros en multas, 6.000 euros por cada sanción. «Este es un albergue, no un burdel», dijo a los oficiales. Tenía habitaciones, pero no tarjeta de registro de viajero. La estratagema no funcionó.

Los agentes se reunieron cada vez con trabajadores locales, ocho mujeres de nacionalidad dominicana y colombiana, entre otros, para tratar de detectar si fueron víctimas de explotación laboral o sexual, o trata de seres humanos con estos fines, y si positivo remitirlos a las autoridades competentes y garantizar la protección de sus derechos. Tres de estas mujeres se encontraban en situación irregular en España. Nadie quería denunciar al proxeneta.

La primera acción se tomó durante la madrugada del día 12, cuando agentes de Seguridad Ciudadana, tras recibir diversas informaciones relativas a la apertura del club, comprobaron que era cierta, a pesar de la prohibición expresa de abrir este tipo de locales. . Fue desalojado y clausurado y demandado por una grave violación a la ley de salud.

La segunda actuación tuvo lugar en la madrugada del día siguiente, operativo que estaba a punto de colapsar, cuando el gerente del club detectó la llegada de los agentes. Fue él quien advirtió a los clientes y trabajadores que abandonaran el lugar. Por segunda vez, el burdel quedó vacío. El propietario «rebelde» y «amenazante» aseguró que nadie le impediría abrirse al público y continuar con su negocio.

El sábado 17, el dispositivo de vigilancia instalado en el club volvió a detectar actividad en el interior, por lo que las unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana, el equipo de menores femeninas y la inspección del trabajo, accedieron a su inspección y desalojo.

El dirigente del club no satisfecho con cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil reabrió durante la madrugada 19-20. Era la cuarta y por ahora la última denuncia. Desalojo y cierre. El propietario aseguró que estaba cerrado permanentemente. De momento se arriesga a una multa de 24.000 euros. Los clientes, sabiendo que no podían estar allí, seguían llegando. No sufren penalización.

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