Un gobierno de coalición que lucha por especificaciones y contratos



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Los portavoces de los tres colectivos en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano del PSOE (c), Mario Gómez de Cs (i) y Ginés Ruiz Maciá de Podemos (d), el 10 de marzo tras haber registrado una carta para comprobar que el La moción de censura en el Ayuntamiento cumple los requisitos exigidos.
Los portavoces de los tres colectivos en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano del PSOE (c), Mario Gómez de Cs (i) y Ginés Ruiz Maciá de Podemos (d), el 10 de marzo tras haber registrado una carta para verificar esa moción de censura en el Ayuntamiento cumple los requisitos exigidos.Marcial Guillén / EFE

Mario Gómez, primer teniente de alcalde de Murcia por Ciudadanos hasta hace unos días, había sido una piedra en el zapato del gobierno municipal minoritario que preside el alcalde del PP, José Ballesta, desde 2015, cuando estaba en la oposición. Y siguió siendo así tras las elecciones de 2019, cuando la dirección nacional del partido Orange alentó un pacto de gobierno entre PP y CS. Cuando Gómez ingresó al gobierno local, insistió en que las licitaciones no tenían calificaciones subjetivas altas, del orden del 44% o 45% del puntaje total, y un mayor escrutinio en los contratos menores, que permiten gastar innecesariamente el presupuesto municipal de la contratación pública y que la ley prevé servicios y obras de emergencia, que no se pueden programar. La desconfianza ha provocado una crisis de convivencia de los dos socios. En cinco días, el 25 de marzo, se votará en el Consistorio de Murcia la moción de censura impulsada por PSOE y CS que, de tener éxito, elevaría al socialista José Antonio Serrano a la alcaldía.

La intervención municipal subraya en su último informe que solo en 2019 el gobierno que preside Ballesta gastó unos 29 millones de euros de un presupuesto de 400. Son miles y en algunos se cuestiona su división. “La valoración global de la gestión económico-financiera desarrollada por el Ayuntamiento de Murcia en relación a los contratos menores es desfavorable, porque no se ajusta a las normas o principios de buena gestión financiera”, afirma la Auditoría General. Uno de los casos objetados por el órgano de control es la adjudicación por parte de un consejo del PP de 12 contratos menores de obras de asfalto en Murcia -que anteriormente se habían contratado conjuntamente- por 573.000 euros. Todo aprobado en el mismo mes y con el límite de cantidad permitido por ley, 40.000 euros más impuestos. El Directorio responde que se trata de áreas funcionales diferentes y se otorgan a empresas diferentes, pero no se acepta la acusación.

Además, el grupo socialista municipal encontró en su tarea de oposición supuestas prácticas irregulares en la adjudicación de otros contratos menores, donde constató que los tres presupuestos solicitados eran empresas del mismo grupo, con el mismo domicilio social, entre otras anomalías.

El primer teniente de alcalde y contratante, carente de competencias desde que se conoció su apoyo a la moción de censura, asegura que en la comisión supervisora ​​de las adjudicaciones descubrió «multitud de incumplimientos por parte de las empresas cedentes». Y añade: «Creo que estábamos haciendo bien nuestro trabajo, que era corregir el uso abusivo de los contratos menores en el Ayuntamiento y conseguir que los pliegos municipales se rijan por criterios objetivos más que subjetivos».

Por el contrario, fuentes municipales en torno al alcalde acusan a su socio de gobierno de paralizar las negociaciones municipales desde 2019. «El Tribunal de Derechos Contractuales le ha llamado la atención». El alcalde de Ciudadanos responde: “Es posible que se hayan bloqueado algunas especificaciones porque entendió que lo básico podría beneficiar conscientemente a una empresa. No se trataba de retrasar, sino de hacer las cosas bien «, añade. Poco a poco la relación con el alcalde del PP y un socio en el ejecutivo se volvió turbia y estalló cuando Gómez acudió a la policía el año pasado porque se sentía perseguido por su trabajo. La Unidad de Delitos Económicos y Tributarios (UDEF) le pidió que justificara su historia y el político entregó tres gigabytes de documentación con supuestas anomalías en la contratación municipal que están siendo investigadas.

Murcia es un «laboratorio» del viraje político de Inés Arrimadas y el PSOE, mantiene el ambiente Ballesta, que atribuye la moción a cuestiones ajenas al Consistorio. Y explica los ataques de Cs y socialistas en el código de lo que recopila un registro interno – publicado por el periódico. La verdad-De un ejecutivo de los socialistas de Murcia, en el que su secretario general, Diego Conesa, pidió «estirar la goma a la corrupción» del PP. «Cualquier otra cosa es una excusa». Insisten también en que si lo ocurrido en la alcaldía es el verdadero motivo de la moción del 25, debieron haberlo presentado cuando Gómez denunció la coacción y presión a la policía.

El alcalde de Cs subraya que no estoy en el ejecutivo local “para ser cómplice de una mala gestión sino para sacar la corrupción de la administración. Está permitido hacer una moción de censura porque los gobiernos están formados por mayorías y estas mayorías se producen sobre la base de acuerdos entre las partes. Y lo intentamos, el PP no estaba a la altura, así que decidimos cambiar de socios de gobierno ”.