Un pequeño ajuste que toca el nervio institucional



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Un pequeno ajuste que toca el nervio institucional

La reforma legislativa impulsada por el PSOE y por Podemos para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial ante la obstrucción del PP, que lo mantiene en el cargo desde diciembre de 2018, es, desde un punto de vista cuantitativo, un pequeño ajuste: es difícil supone modificar cinco de los 642 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985. Sin embargo, esta aparente microcirugía normativa, que busca eliminar un obstáculo que impide el normal funcionamiento de las instituciones, ha tocado profundamente el nervio político y empresarial.

El cambio consiste esencialmente en reducir el quórum de tres quintos a una mayoría absoluta Es necesario que el Congreso y el Senado designen a 12 de los 20 miembros del Consejo, los del llamado punto de inflexión judicial, integrado por jueces y magistrados. Para los otros ocho miembros – abogados y juristas de reconocida competencia – la Constitución prevé un mínimo de tres quintas partes de ambas cámaras (210 diputados o 159 senadores), que solo podría rebajarse si se modifica la Ley Fundamental. Bajando el listón en la ley orgánica, la renovación se podría conseguir sin el apoyo del PP y con el apoyo de los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez.

Entre 1980 y 1985, los 12 miembros del Consejo de Carrera Judicial fueron elegidos por los mismos jueces y magistrados de entre los miembros de carrera. El primer gobierno de Felipe González cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985 para el nombramiento de estos miembros al cargo de parlamentario, por una mayoría de tres quintas partes del Congreso y del Senado, según establece la Constitución para el turno de ocho juristas de reconocido prestigio. La oposición conservadora apeló esta reforma al Tribunal Constitucional, por considerar que violaba la independencia del poder judicial.

El Tribunal Superior, entonces presidido por Francisco Tomás y Valiente, rechazó el recurso de casación en 1986 y aprobó el nombramiento parlamentario de los 12 miembros de la ronda judicial. Esa frase, 108/86, Es invocado por el PSOE y Podemos para explicar los motivos de su reforma cuando explican que la tarea de los legisladores es «hacer que la composición del Consejo refleje el pluralismo que existe en la sociedad y, en particular, dentro de la Fiscalía».

Sin embargo, el PSOE y Podemos realizan una lectura parcial de esa sentencia en la que el Tribunal Constitucional destacó la posición de autonomía del Consejo General del Poder Judicial respecto al Gobierno y al Parlamento. En esa sentencia de 1986, el Tribunal Superior expresó su preferencia por que los jueces siguieran eligiendo a sus doce miembros y advirtió del «riesgo» de que las divisiones políticas se trasladen al Consejo con elecciones parlamentarias.

Sin embargo, el fallo sostuvo que la mayoría calificada de tres quintos fue una «precaución» que mitigó, sin anularla, la posibilidad de que las Cámaras «sólo se ocupen de la división de las fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan[a]n los cargos a cubrir entre los diferentes partidos, en proporción a su fuerza parlamentaria ”. Ahora, con la nueva reforma, esa mayoría reforzada, esa cautela presente en la Constitución y que es necesaria, por ejemplo, para elegir la dirección de RTVE, disminuiría.

La ley incorpora una novedad significativa: establece claramente las competencias de un Consejo de la Judicatura en ejercicio: hasta ahora el órgano que preside Carlos Lesmes tiene plenos poderes a pesar de estar prorrogado por 23 meses. De aprobarse la reforma, un consejo que venza su mandato de cinco años no podrá, entre otras decisiones, nombrar magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, ni realizar nombramientos discrecionales como los de presidente de tribunales superiores regionales y audiencias provinciales.

Promociones «reguladas»

El órgano en ejercicio podrá realizar las «promociones reguladas» de jueces y magistrados, es decir, las que se produzcan por el puro movimiento de la carrera judicial. También mantiene la competencia de «alta fiscalización» de los juzgados y tribunales y la capacidad de proponer medidas de refuerzo en órganos judiciales específicos. En el caso de que sólo se produzca una renovación parcial, la de los 12 miembros judiciales, con mayoría absoluta, el Consejo podría ejercer «todas sus competencias» con estos y con los ocho miembros efectivos salientes.

Los partidos ejecutivos de la coalición registraron la reforma como un proyecto de ley en lugar de un proyecto de ley del gobierno. Esta opción le permite eludir el proceso de consultas preventivas – no vinculantes – con el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio Consejo General del Poder Judicial. La mayoría de las asociaciones judiciales, a excepción de los progresistas Jueces y Jueces para la Democracia, rechazan el texto: lo califican de «inconstitucional» y creen que afecta la separación de poderes y que profundizará la imagen de la politización de la justicia.

Los partidos conservadores de oposición han calificado la iniciativa de «infamia» (Ciudadanos) y «comportamiento dictatorial» (PP). El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, recordó: «Los contrapesos en el estado limitan cuando gobiernas, pero también dan garantías cuando estás en la oposición (…) Ojo que el remedio no es peor que la enfermedad».

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