Ventana abierta para reparar el abuso policial



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El Tribunal Constitucional reabrió la ventana del gobierno vasco a finales de septiembre para reparar a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999, rechazando el último recurso de los ciudadanos a la normativa autonómica pertinente. Tras la aprobación constitucional de la nueva norma, el ejecutivo vasco ha recibido más de 300 solicitudes de personas que piden ser reconocidas como víctimas de abusos. El viceministro de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, historiador José Antonio Rodríguez Ranz, comenzará a firmar las primeras resoluciones en el primer trimestre de 2021.

«Los abusos policiales fueron parte del régimen franquista y continuaron en muchos casos durante la transición», dijo Josu Ibargutxi, portavoz de la plataforma vasca contra los crímenes del régimen franquista. “Y no lo estoy diciendo; en caso de dudas, lo demostró [el antropólogo forense] Paco Etxeberria en su informe sobre tortura de diciembre de 2017, cuando documentó 4.113 casos «que afectaron a 3.415 personas entre 1960 y 2014».

La ley de reconocimiento y reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, -nombre completo de la ley- fue aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 gracias a los votos favorables de la PNV y PSE y la abstención de EH Bildu. Esta ley da continuidad al decreto de 2012 del gobierno socialista Patxi López que amparó a las víctimas de la violencia policial entre 1960 y 1978. Primero fue apelado por el gobierno de Mariano Rajoy, y luego – cuando el ejecutivo socialista de Pedro Sánchez retiró el recurso – de los ciudadanos.

La Corte Constitucional ha legalizado la ventana de denuncias, entendiendo que la comisión investigadora encargada de reconocer a las víctimas «no procederá con cargos» contra terceros. El PNV modificó los artículos de la ley para aclarar que el objetivo no era eliminar las responsabilidades de la policía, sino indemnizar a las víctimas.

“El gobierno vasco me reconoció como víctima de maltrato en el primer reglamento”, dice Juan María Zulaika, uno de los sacerdotes trabajadores que entre 1968 y 1977 ocupó la cárcel de Zamora, donde paraban los sacerdotes que habían luchado contra Franco. No comparte la «división de la historia» que hace la normativa vasca, pero cree que es importante la aprobación del Tribunal Constitucional. Para él permite visibilizar una parte de la memoria reciente «que se ha encubierto», y que cree que «empieza a salir al aire ahora, cuando celebramos el 50 aniversario del Juicio de Burgos», en el que el asesinato del comisario. El franquista Melitón Manzanas, uno de los primeros delitos de ETA.

“Hay que colocar una placa en los cuarteles de Intxaurrondo en San Sebastián y La Salve en Bilbao porque muchas personas han sido torturadas y maltratadas”, dice Zulaika, que propone integrarlas en los mapas urbanos de la Memoria Histórica.

Los sindicatos vascos también acogieron con satisfacción la aprobación del Tribunal Constitucional. En un comunicado conjunto, en noviembre alentaron a sus militantes a usar la ley si eran víctimas de este tipo de abusos. “Argumentar que este reglamento oscurece la ETA es un absurdo. Es el pago de una deuda con los que lucharon contra Franco ”, defiende Ibargutxi.

El perfil de los candidatos es muy diverso. Fuentes de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco explican que muchos demandantes fueron agredidos durante manifestaciones, o en retenes policiales, donde el uso de la fuerza y ​​las armas provocó la muerte o lesiones graves. «En otros casos, como los de tortura, la intención de las detenciones era clara», pero también «en muchos casos analizados, las víctimas no tenían ningún tipo de militancia». Y si lo hicieron fue tan variado como la Organización Revolucionaria de Trabajadores, el PCE, el PNV, el PSE, las Comisiones Obreras, la UGT, el Sindicato de Trabajadores, Acción Católica, la Vanguardia Obrera Juvenil y también la edad.

4.113 casos documentados en 54 años

En el informe dirigido por el especialista forense Paco Etxeberria con los investigadores de la Universidad del País Vasco se documentan 4.113 casos de malos tratos entre 1960 y 2014. De 1.792 efectivos de la Guardia Civil, 1.786 de la Policía Nacional y 336 de la Ertzaintza son responsables. Hay 20 sentencias ratificadas por la Corte Suprema de tortura y malos tratos a 31 víctimas, de las cuales 49 han sido condenadas, 21 de ellas por la Policía Nacional y 28 por la Guardia Civil. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España siete veces por no investigar con diligencia las denuncias de tortura.

Del total de víctimas reconocidas en el primer decreto, el 16% correspondió a muertes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en manifestaciones, bloqueos de carreteras o riñas. El 29,5% de los casos fueron personas heridas por arma de fuego. Todos fueron reconocidos como víctimas y el 61% fue indemnizado.