Vox le da crédito a Sánchez por querer reemplazar al rey y volar la cruz del Valle de los Caídos



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Santiago Abascal (centro), rodeado de diputados de Vox, con la moción de censura en la mano tras presentarla al Registro del Congreso el día 29.
Santiago Abascal (centro), rodeado de diputados de Vox, con la moción de censura en la mano tras presentarla al Registro del Congreso el día 29.Chema Moya / EFE

El presidente Pedro Sánchez tiene «la aspiración de convertirse en jefe de Estado» y el gobierno está considerando la posibilidad de «volar» la cruz del Valle de los Caídos. Ambas oraciones: la primera, un juicio de intención; el segundo, un engaño – aparece en la carta con la que Vox justifica la moción de censura que este miércoles defiende en el pleno del Congreso.

El primero se basa en el partido ultra en el «deseo excesivo de poder» que atribuye al jefe de gobierno y en la «deslealtad constitucional» que, a su juicio, fue el «veto notorio» de Felipe VI para asistir a la entrega de los despachos escolares. corte de Barcelona. Para Vox es obvio que, según la Constitución, todos los actos del jefe de Estado tenían que ser avalados por el gobierno y que, cuando era presidente, José María Aznar vetó el viaje de Juan Carlos I a Cuba.

El segundo es un engaño difundido por su eurodiputado Hermann Tertsch que, el 19 de septiembre, envió una carta al Parlamento Europeo en la que aseguraba que el gobierno español «Contempla el derribo de la emblemática Cruz del Valle de los Caídos» y comparó la situación actual en España con «la persecución de los cristianos en los años treinta». De hecho, ninguna fuente oficial ha mostrado intención de demoler lo que parece ser la cruz más alta del mundo (150 metros), amparada por la legislación del Patrimonio, sino de «reducir» el monumento propiedad del Patrimonio Nacional y convertirlo en un cementerio civil.

El texto que expone los motivos de la moción de censura, presentado el día 29 en el registro del Congreso, tiene 29 páginas y está firmado por sus 52 diputados. Vox divide sus argumentos en seis secciones: el actual «gobierno social comunista» fue establecido «por fraude electoral» y depende «de fuerzas políticas separatistas», dice; llevó a cabo una «gestión criminal de la pandemia»; es responsable de la «degeneración de la vida democrática»; promovió la «limitación inconstitucional de derechos y libertades»; tolera la «corrupción vinculada a narco-dictaduras y regímenes totalitarios ”, en alusión a Podemos; y busca el «fracaso de la armonía nacional y la deslegitimación de la transición», concluye.

Algunos de estos apartados están sólidamente documentados, como cuando recuerda las promesas electorales de Pedro Sánchez de estar en desacuerdo con Podemos o las fuerzas independentistas. Omite que la serie de nombramientos que vincula pertenecen a épocas distintas y que, tras dos elecciones sucesivas, en abril y noviembre de 2019, España habría sido condenada a un bloqueo indefinido si las fuerzas políticas no hubieran levantado sus vetos. También informa las sentencias del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que muestran cómo los gestores sanitarios estaban cambiando su discurso sobre la peligrosidad del virus, para deducir mala fe y no falta de conocimiento científico al respecto.

El texto mezcla hechos confirmados (como el reconocimiento al Defensor del Pueblo de que no existía el comité de expertos que presuntamente decidió reducir la escalada por parte de las comunidades autónomas), con presunciones (hubo un «ocultamiento intencionado del número real de muertes» ) o manipulaciones: acusa a Sánchez de haber calificado a la Guardia Civil de «policía patriótica», aunque en realidad se refirió al grupo de policías que encabeza el comisario Villarejo; y asegura haber calificado de «preso vasco» a Igor González, el ETA que se suicidó en la cárcel de Martutene, cuando lo llamó «preso de la banda ETA».

La moción de Vox parece entrar en una realidad paralela cuando ataca la ley de memoria democrática, aún en borrador. Además de asegurar que el Gobierno está considerando una supuesta «explosión» de la cruz en el Valle de los Caídos, lo acusa de «reservarse la competencia para disolver las asociaciones que piden disculpas por la dictadura», un poder que pertenece sólo a los jueces; o «disolver los Benedictinos del Valle», cuando lo que se espera disolver es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que gestiona el monumento con recursos públicos.

El texto concluye con algunas frases de Largo Caballero que fueron utilizadas por Vox para promover el retroceso del camino que dedicó a Madrid y que muchos historiadores consideran fuera de contexto. Por otro lado, dado que se presentó tras la formalización de la moción, no alude a la iniciativa del PSOE y Podemos de cambiar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, pero es seguro que saldrá a la luz en el debate.