Vox se niega a hacer relaciones públicas de parlamentarios con lobbies



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El líder de Vox Santiago Abascal y su portavoz del Congreso Iván Espinosa de los Monteros durante una sesión plenaria el día 15.
El líder de Vox Santiago Abascal y su portavoz del Congreso Iván Espinosa de los Monteros durante una sesión plenaria el día 15.Kiko HUesca / EFE

Vox se opone al hecho de que los parlamentarios deban hacer públicas sus reuniones con representantes de grupos de interés o lobbies, tal como se recoge en el nuevo Código de Ética para diputados y senadores aprobado el pasado día 1 por las mesas de ambas cámaras. El ultrapartido afirmó, en la carta en la que rechazó este código, que la obligación de los diputados y senadores de publicar sus calendarios de nombramiento en el portal de transparencia «penaliza la parte sustancial del papel representativo del parlamentario».

Este no es el único inconveniente que el partido ultra ha colocado a la nueva regla que rige la conducta de los miembros de las Cortes. Todo el código de conducta, que califica como “código de sospecha”, para Vox supone, en su búsqueda de transparencia, “una presunción indecente y casi ofensiva para la institución y sus integrantes”.

El Congreso ya tenía un código ético de 2019, pero no el Senado. Ante la necesidad de dotar a la cámara alta de dicho instrumento, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, se decidió aprobar una guía única de conducta para diputados y senadores. El texto, que se había negociado durante todo el verano, contó con el apoyo de todos los grupos, excepto Vox, que presentó una enmienda en forma de votación privada en su totalidad.

Sorprendentemente para un partido nuevo que se presenta como un regenerador de la vida pública frente a la corrupción, la formación Abascal se ha opuesto a cualquier avance en transparencia que vaya más allá de la normativa vigente.

Por ello, asegura en su escrito que la obligación de presentar (antes de febrero) una «declaración de intereses económicos», en la que se detallen las actividades económicas realizadas en los cinco años anteriores a la obtención de la sede, los obsequios y donaciones recibidos y las fundaciones y las ONG con las que ha colaborado, socava «la presunción de integridad de los miembros de las Cámaras». Como máximo Vox está disponible para aceptar una «declaración de intereses profesionales» para aquellos parlamentarios que soliciten compatibilizar el asiento con una actividad privada.

El partido ultra también rechaza las definiciones de conflicto de intereses (“cuando un miembro de las Cortes Generales tiene un interés personal […] que pueden cuestionar su objetividad e independencia «) y el cabildeo (» aquellas personas físicas o jurídicas «que pretenden» incidir en asuntos relacionados con iniciativas legislativas «) incluidos en el código deontológico.

Sostiene que en la legislación española no existe una definición de lo que es un lobby y considera «gravísimo» que cualquier parlamentario pueda pedir a la Presidencia de la Cámara que abra un procedimiento para determinar si existe un conflicto de intereses en algún compañero de asiento.

Para Vox, ya existe «un régimen de reclamos y publicidad suficiente para que los parlamentarios expresen sus actividades y activos en términos de total transparencia» y «no hay razón perentoria que requiera la aprobación del» nuevo código ético «, además de cumplir los compromisos de imagen supranacional ”, añade, en referencia al Consejo de Europa.

Vox se queda solo en su rechazo al código ético, que prevé, entre otras novedades, la limitación a 150 euros del valor máximo de obsequios que pueden ser aceptados por diputados y senadores, por lo que este ha sido aprobado por mayoría y no entrará en vigor. acaba de publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG).